Bruselas estudia relajar la protección del lobo al constatar un aumento de ataques al ganado

El anuncio de Bruselas no ha pasado desapercibido en España, donde en septiembre de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió redoblar la protección del lobo ibérico incluyéndolo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) –que prohíbe su caza–, y mucho menos en cuatro de sus comunidades autónomas, Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León, que, contrarias a esta decisión al considerarla perjudicial para los intereses de sus ganaderos, han pleiteado en los tribunales desde entonces porque esta medida fuera revocada.

Precisamente las reiteradas protestas que estas autonomías han venido elevando a las más altas instancias europeas han contribuido a que la propia jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, se haya pronunciado sobre este asunto al afirmar en un comunicado que «la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y un riesgo potencial para los humanos».

Según explicaron los servicios comunitarios, «la recuperación de la especie en algunas regiones en donde ha estado ausente mucho tiempo está generando cada vez más conflictos con las comunidades agrícolas y con los cazadores locales», conflictos que, añaden, no se aplican entre otras cosas porque «hay medidas para prevenir ataques al ganado que no se implementan ampliamente».

Por eso, Bruselas ha abierto el plazo para que las comunidades locales, los científicos y otras partes interesadas remitan datos actualizados sobre la situación al Ejecutivo comunitario de aquí al próximo día 22 de septiembre, información, precisa, que será analizada por los expertos de la Comisión antes de decidir sobre los pasos a seguir.

«No hemos tomado ninguna decisión. Queremos que todos los actores tengan la oportunidad de enviar información y datos sobre su experiencia a la Comisión para tener una visión completa de los datos», dijo en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Medio Ambiente, Adalbert Jahnz, en referencia a la información «fragmentada» de que disponen ahora.

«Sobre la base de los datos recopilados, la Comisión decidirá sobre una posible propuesta para modificar el estatuto de protección del lobo en la Unión Europea y actualizar el marco jurídico, para introducir, cuando sea necesario, mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie», añadió.

En todo caso, desde Bruselas recalcan que es un asunto sobre el que trabajan desde hace tiempo y recuerdan que ya en noviembre de 2021 los comisarios de Medio Ambiente y de Agricultura, Virginijus Sinkevicius y Janusz Wojciechowski, respectivamente, recordaron en una carta a los Estados miembro las medidas posibles en el marco actual de gestión del lobo.

Los servicios comunitarios señalan que se trataría de una revisión para completar las medidas actuales, que incluyen acciones «que han demostrado ser efectivas en la prevención o reducción significativa» del riesgo «cuando se aplican correctamente» y se ajustan a las circunstancias concretas de cada caso. El marco actual también prevé fondos comunitarios para esta gestión.

Por la puerta que Bruselas abre a relajar las medidas protectoras del lobo ibérico entró este lunes el nuevo Gobierno cántabro, que no ha querido esperar a recabar y poner sobre la mesa comunitaria toda aquella documentación que pudiera justificar las extracciones de lobos que cree que son necesarias (y que la nueva ley le impide acometer) para mantener ese difícil equilibrio entre la supervivencia del lobo y la actividad ganadera.

Según indicó en este sentido el nuevo consejero de Ganadería, Pablo Palencia, para quien la decisión de la Comisión Europea «es, sin duda, una buena noticia» aunque «llega un poco tarde», su departamento ya se ha puesto manos a la obra.

«He dado orden a la Dirección General de Biodiversidad y a los servicios técnicos de que se pongan a trabajar para recabar toda la información sobre el crecimiento de las manadas, las superficies de extensión que ocupan y los daños que ocasionan», dijo el consejero, que, en la misma línea que su antecesor en el cargo, Guillermo Blanco, aseguró que el Gobierno de Cantabria «va a hacer todo lo necesario para combatir este problema».

R. El número de familias estables de lobos asentadas en Cantabria se ha multiplicado por cuatro en lo que va de siglo, veinte años en los que, además, la especie ha logrado aumentar su área de presencia en un 65% llegando a ser observada en terrenos en los que no se hacía visible desde hace más de 50 años. Y con su exponencial crecimiento dentro de la región se han disparado sus ataques.

De acuerdo con los datos que maneja la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, en Cantabria existen actualmente veinte familias estables de lobos cuya presencia abarca una extensión de 3.500 kilómetros cuadrados. El recuento se hace por familias porque hacerlo por individuos es imposible.

Esta cifra multiplica casi por siete la observada en el año 1988, cuando en las montañas cántabras apenas se avistaban tres grupos estables asentados en un área de 2.130 kilómetros cuadrados, y por cuatro la censada en 1997, cuando se contaron cinco familias que ya habían ganado otros 370 kilómetros cuadrados de superficie en la región.

En permanente crecimiento, la población lobera alcanzó las trece familias en el año 2014 –cuando su superficie de presencia era ya de 3.500 kilómetros cuadrados–, las quince en 2017 y las veinte en 2020.

Los datos aportados en su momento por la propia Consejería delatan que en la temporada 2019-2020, y tras haber conseguido aprobar un plan de gestión de la especie, se produjeron unos 1.030 ataques de lobos a otros animales. Tras la suspensión de ese con-trol poblacional en el año 2022 –cuando entró en vigor la prohibición de matar lobos ibéricos una vez certificada la inclusión de este animal en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)–, esos ataques se incrementaron de una forma más que notable. En ese año se produjeron 1.723 incidentes de esas características, según reveló el entonces consejero del área Guillermo Blanco. «Son 500 más de los que había antes», se lamentó.