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Una de las razones que el Ministerio para la Transición Ecológica dio y sigue dando para justificar su decisión frente a las cuatro comunidades autónomas –Castilla y León, Asturias y Galicia, además de Cantabria– que se oponen a la inclusión del lobo en la lista ... de especies protegidas es que lo único que hace España es cumplir con las exigencias de Europa. Incluso en el caso hipotético de que el departamento que dirige la socialista Teresa Ribera no estuviera de acuerdo con esta línea –que sí que lo está–, el Gobierno central tendría que prohibir la caza de estos animales en todo el territorio. Las instituciones comunitarias acordaron hace años esta postura común. Un posicionamiento que es de obligado cumplimiento para todos los países que forman parte del Convenio para la Conservación de la Vida Silvestre y los Hábitats Naturales Europeos, más conocido como Convenio de Berna.
En el Comité de este organismo se encuentran representantes de 40 países de la UE y del entorno, que estos días se han reunido en Estrasburgo para revisar su posición sobre el lobo. Lo han hecho a instancias de Suiza, que había presentado una enmienda para reducir el nivel de protección del lobo del Apéndice II (en el que figuran las especies estrictamente protegidas) al Apéndice III (para animales protegidos, pero susceptibles de ser cazados para el control de la población). Esta enmienda era a la que se agarraba como un clavo ardiendo el consejero de Medio Ambiente cántabro, Guillermo Blanco, y sus colegas del norte de España, pero una amplia mayoría de los miembros con voz y voto en el Convenio de Berna la han rechazado, entre ellos España.
La propuesta helvética fue apoyada únicamente por cinco países, todos ellos del entorno europeo pero ninguno socio del club comunitario (Lichtenstein, Azerbaiyán, Georgia, Turquía y Bielorrusia). Hubo también tres abstenciones y el resto fueron 'noes'.
La decisión la han tomado después de analizar un informe previo de la Comisión Europea que señalaba que, con los datos actuales en la mano, «la reducción del estado de protección de todas las poblaciones de lobos no está justificada desde un punto de vista científico y de conservación». A pesar de que «el estado de conservación de la especie sigue siendo divergente en todo el continente», es desfavorable en 21 de las 39 regiones biogeográficas de la UE. El informe se refiere a las «continuas amenazas a la especie, incluidas las emergentes, como las vallas fronterizas y la hibridación de perros lobo», circunstancias que exigen que se mantenga el estado de protección estricta.
Se trata de una decisión vinculante y que deja en papel mojado el pronunciamiento del Europarlamento, que la pasada semana sí aprobó una resolución que defendía la rebaja del nivel de protección del lobo. Con este escenario tampoco parece que pueda tener éxito la propuesta que llevará a principios de 2023 al Comité de las Regiones de la UE la consejera Paula Fernández para que Bruselas permita una gestión de la especie distinta en cada comunidad autónoma –y no en cada país– en función de la evolución de las poblaciones autóctonas. Cantabria defiende que es necesario recuperar la caza del lobo para frenar el incremento de daños sobre el ganado.
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