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El anuncio del preacuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa, un pacto que incluirá un modelo de financiación singular para la comunidad catalana, ha provocado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como en Cantabria por ... su impacto en el futuro de la financiación autonómica. Una consecuencia lógica debido tanto a los posibles efectos que esta novedad tendría en el modelo de financiación de las demás autonomías, como al hecho de que este punto había sido negado en repetidas ocasiones desde el propio seno del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la cabeza.
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El de la financiación es uno de los temas más sensibles dentro del ámbito político, por cuanto determina en gran medida las posibilidades de actuación de los distintos gobiernos y administraciones públicas. Una mayor financiación para Cataluña, una de las comunidades con mayor peso en la economía española, implicará por fuerza una disminución de los recursos de otras autonomías, acabando de facto con principios básicos establecidos en la Constitución española como el de solidaridad interterritorial. Por ello, desde el anuncio del preacuerdo del concierto fiscal entre los socialistas catalanes y Esquerra, cuyos términos deberán ser dados a conocer próximamente, las respuestas de las distintas formaciones políticas representadas en el Parlamento de Cantabria no han tardado en llegar. El único partido que declinó hacer declaraciones a este periódico fue el PSOE cántabro, cuyo secretario general, Pablo Zuloaga, prefirió esperar a la celebración de la Ejecutiva federal del partido planteada de urgencia por Pedro Sánchez antes de valorar la situación y su impacto para Cantabria.
«Este acuerdo aniquila principios básicos constitucionales y desmonta el Estado de las Autonomías»
«Hay una ejecutiva federal y hasta que no haya una comunicación formal no vamos a hacer valoraciones»
«Si el acuerdo al que han llegado PSOE y ERC es como cuenta Esquerra, es un hecho gravísimo que rompe el principio de solidaridad interterritorial que consagra la Constitución»
«El autócrata Sánchez vuelve a vender a España, a los españoles y también a los cántabros a cambio de mantenerse en el poder»
«Nos preocupa más cómo Buruaga va a ser capaz de defender una mejor financiación que otras comunidades mientras aquí baja los impuestos»
«Somos prudentes a la hora de valorar un acuerdo del que no se ha hecho público todavía el texto y el contenido concreto»
En cuanto al resto de representantes políticos, tanto el Gobierno regional a través de la presidenta cántabra como los distintos partidos –PP, PRC, Vox, Podemos e Izquierda Unida– ofrecieron diferentes valoraciones sobre el preacuerdo.
En el caso de la presidenta el Ejecutivo cántabro, se mostró muy crítica con la noticia del pacto fiscal para Cataluña. «Estamos ante otra línea roja superada, lo que sea necesario con tal de perpetuarse en el poder», denunció ayer, para añadir que «además de que Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero, dijeran que no había nada de esto, lo negaran por activa y por pasiva, que no había ningún tipo de posibilidad de que hubiera una financiación singular y un diálogo bilateral y que no se estaba produciendo nada para que al final fuera justo exactamente lo contrario». «Estamos ante un Gobierno que ha institucionalizado la corrupción política y esto es corrupción política: cambiar financiación por votos o por poder», resaltó. Buruaga también destacó que «este acuerdo aniquila los consensos y los principios básicos constitucionales, desmonta y desfigura el Estado de las Autonomías por la puerta de atrás y constituye un grave atentado contra la igualdad de los españoles y la solidaridad entre las regiones y entre los territorios».
La presidenta cántabra ahondo en su denuncia del pacto alcanzado por el Gobierno central en Cataluña: «Es sencillamente indecente, además de completamente ilegal o inconstitucional». «A este paso no vamos a ser capaces ni de poder atender nuestras más elementales obligaciones, la financiación autonómica son hospitales, son colegios», explicó. «Hoy estamos aquí haciendo lo que tenemos que hacer y cumpliendo nuestras obligaciones porque tenemos esos recursos, que además forman parte nuestros derechos, son atención a nuestros dependientes, son infraestructuras para asegurar la competitividad de nuestras empresas y la igualdad de oportunidades», continuó. «No se puede utilizar el sistema de financiación autonómica para comprar poder, para comprar votos, para investir a un presidente, si no que hay que utilizarlo para garantizar servicios básicos esenciales iguales para todos los ciudadanos vivan donde vivan», afirmó Buruaga.
«Pedro Sánchez no va a pasar por encima del Gobierno de Cantabria. No vamos a consentir que la investidura de Illa sea a costa de los derechos y de las oportunidades de los cántabros», concluyó.
En el caso del PRC, a la espera de la declaración oficial de Miguel Ángel Revilla anunciada para hoy en el Parlamento regional, fue el propio secretario general de la formación que expresó en sus redes sociales cómo valoran desde la formación regionalista este pacto: «Si el acuerdo al que han llegado PSOE y ERC es como cuenta Esquerra, es un hecho gravísimo que rompe el principio de solidaridad interterritorial que consagra la Constitución», señaló el expresidente cántabro.
Muy críticos se mostraron también desde Vox, cuya presidenta en Cantabria, Laura Velasco, destacó que su formación está «totalmente en contra de la nueva financiación para Cataluña, que no va a ser buena para los catalanes teniendo en cuenta el peligro que supone dejar en manos de la Generalidad los impuestos de la comunidad». Un pacto que a su juicio también «suponía una nueva afrenta a la igualdad entre españoles ya que genera ciudadanos de primera y de segunda». «Todos los españoles son iguales, lo son ante la ley y también lo deben ser ante Hacienda», añadió. Velasco denunció que «nuevamente el autócrata Sánchez vuelve a vender a España y a los españoles, y no hay que olvidarlo, también a los cántabros».
Frente a las críticas de estos partidos, tanto Podemos como Izquierda Unida prefirieron esperar a que se conozcan los términos concretos del acuerdo para el pacto fiscal entre los socialistas catalanes y Esquerra antes de realizar valoraciones. En ese sentido, desde Podemos, su portavoz, Merche González, destacó que «por el momento no se conocen los detalles del acuerdo, por lo que hasta que no tengamos toda la información no vamos a valorarlo». «De todas formas nos preocupa bastante más cómo Buruaga va a ser capaz de defender que necesitamos una mejor financiación que otras comunidades mientras aquí baja los impuestos«, continuó. »Esperamos ver cómo justifica a otras comunidades que necesitamos dinero porque no nos llega, mientras baja los impuestos y otra comunidades no lo hacen», destacó.
Por su parte, Israel Ruiz Salmón, representante de Izquierda Unida en Cantabria, señaló que desde su formación son «prudentes a la hora de valorar un acuerdo del que no se ha hecho público todavía el texto y el contenido concreto».
Más allá de esa postura, Salmón explicó que «no obstante, sí que somos claros en que, cuando comúnmente se habla de financiación autonómica o local, debemos situar ésta en la financiación de servicios públicos que den respuesta a cualquier persona viva donde viva». En ese sentido, resaltó, «se debe proveer de recursos a las administraciones para cubrir los servicios y derechos de la ciudadana».
El representante del partido en Cantabria también añadió que «además, por la vía de los ingresos, sí que debemos señalar el dumping fiscal de las comunidades gobernadas por el PP, como Cantabria, que estos días ha sido señalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) por el incumplimiento de la regla de gasto, así como que hemos dejado de ingresar 35 millones que solo dependen de decisiones de Cantabria y de esa rebaja fiscal a los impuestos de sucesiones e IRPF que aprobó el PP». «Eso a Izquierda Unida de Cantabria le preocupa porque supone recortes, como los que ya estamos viendo en educación o sanidad. Y es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno de Cantabria», concluyó.
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