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La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, se comprometió a solucionar «definitivamente» el problema de los afectados por sentencias de derribo durante esta legislatura, una cuestión que constituye «una prioridad» para su Gobierno. La regularización de las viviendas en los casos en que sea ... posible, la construcción de otras de sustitución y, en último término, la compensación económica, serán las tres vías para solucionar este problema que afecta a 511 familias, y que en algunos casos se arrastra desde hace treinta años.
«Vamos con veinte años de retraso –reconoció la presidenta, al término de una reunión celebrada esta mañana con los representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración, (AMA)–, no se puede seguir perdiendo el tiempo y no hay excusas que valgan», dijo antes de mostrar su confianza en que la «gestión eficaz» de su equipo ofrezca «resultados» a los afectados.
«No estamos quietos: es imposible hacer más en menos tiempo; hemos hecho más en quince días que el Gobierno anterior en cuatro años», afirmó Sáenz de Buruaga, quien detalló los pasos dados por el Gobierno en busca de soluciones a «un asunto de gran complejidad» para el que no existen «varitas mágicas».
En relación a las viviendas situadas en el Ayuntamiento de Escalante, informó de que la pasada semana se firmó el contrato de opción de compra sobre una finca de casi 3.000 metros cuadrados que se va a destinar a la construcción de quince viviendas de sustitución, para otros tantos propietarios del edificio 'Las Torres' que optaron por esta fórmula. El presupuesto total de la actuación se aproxima a los 2,3 millones de euros, de los que casi 300.000 se destinarán a la adquisición de la parcela. Se se espera que las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 16 meses, puedan comenzar en 2024.
En Argoños, recordó que la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha posibilitado conceder nuevas licencias y presentar incidente de ejecución de sentencia para un total de 181 viviendas. El último, que afecta a 84 viviendas en 'La Llana 1', ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia el pasado 24 de julio.
Puntualizó que el Ayuntamiento del municipio, que es el responsable exclusivo de 51 viviendas, está llevando a cabo la gestión urbanística correspondiente para su regularización.
En cuanto de las 18 viviendas que deberán ser derribadas, confirmó que el consejero de Fomento, Roberto Media, ha dado ya la orden para que mañana mismo se licite la construcción de tres viviendas de sustitución para cumplir el acuerdo alcanzado con sendos propietarios, actuación que cuenta con un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de ejecución de doce meses.
En el caso de Arnuero, donde el nuevo Gobierno ha tenido que hacer frente a una serie de «imprevistos», la semana pasada se firmó la autorización para redactar un modificado del proyecto de construcción de 62 viviendas de sustitución, 53 asignadas a 'La Arena', que estarán concluidas en 2024.
Por último, en Piélagos se va a agilizar al máximo la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, documento que ayer mismo recibió la Consejería y que, a falta de un examen en profundidad, podría posibilitar la licencia de 63 viviendas.
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