Buruaga considera la amnistía «un misil a la democracia y un ataque a la convivencia»

De hecho, los argumentos de Parlamento regional y Ejecutivo son prácticamente los mismos. Eso sí, el segundo introduce un segundo asunto: la recusación de los tres magistrados del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, Laura Díez y Cándido Conde Pumpido por considerar que no son imparciales y que tienen vínculos directos con el presidente, Pedro Sánchez. No es especialmente original porque esta recusación también aparecía incluida en el recurso que presentó el PP como partido a título individual y en los del resto de comunidades autónomas en las que gobiernan los populares.

Tras presidir un Consejo de Gobierno extraordinario, Buruaga aseguró que la ley «aprobada por Sánchez a cambio del apoyo de los independentistas a su investidura» es un «misil en la línea de flotación de la democracia y un grave ataque al modelo de convivencia». La presidenta garantizó que el Gobierno autonómico no va mirar para otro lado porque «nadie puede estar por encima de la ley ni vender España a cambio de poder» y a esto responde el recurso de inconstitucionalidad que el Ejecutivo ha presentado «por una cuestión de decencia democrática».

«Como Gobierno tenemos la obligación y el deber moral de actual para defender el orden constitucional y el interés general», insistió la jefa del Ejecutivo. Además, alertó de la estrategia de Sánchez, que «primero aprobó la ley de amnistía, ahora los privilegios económicos unilaterales y lo siguiente será la autodeterminación». «Tenemos que frenarlo», afirmó la presidenta, a la vez que ha remarcaba que va a defender «hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato, derechos y oportunidades de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales».

Respecto al recurso del Parlamento, el del Gobierno cántabro suma que la ley de amnistía no tiene en cuenta la división de poderes al invadir la potestad jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado y también que vulnera el principio de que los fondos públicos deben utilizarse de acuerdo con los principios de eficiencia y economía, ya que la ley perdona las responsabilidades contables de los que han manejado los fondos públicos para fines ilícitos.a