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«España es muy grande y los refugiados se pueden acoger en muchos lugares del país, pero a los mayores y a las personas con discapacidad o con trastorno mental no les podemos mandar a otra comunidad autónoma para que las atienda». De esta manera ... tan contundente ha defendido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la decisión del Ayuntamiento de Camargo de echar marcha atrás el proyecto para convertir el antiguo psiquiátrico de Parayas en un centro de refugiados, como querían tanto el PSOE regional como el ministro José Luis Escrivá, a cambio de transformarlo en una residencia para mayores.
El rechazo del PP al proyecto socialista no es nuevo. Ya en noviembre del año pasado, los populares levantaron la voz contra las intenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para alojar en Camargo a 300 refugiados en ese nuevo centro. Durante la pasada campaña electoral, Buruaga advirtió que revertiría esa decisión si ganaba las elecciones. Y este lunes lo ha reiterado de manera inequívoca, instando al Gobierno central a llevar a los refugiados a cualquier sitio del país menos a Camargo.
El problema es que el proyecto auspiciado por el Ministerio contaba con una inversión de 30 millones de euros financiada por fondos europeos. Los socialistas ya han advertido que la negativa al centro de refugiados supondrá la pérdida de ese dinero. Y el propio Ministerio de Inclusión confirmó ayer que la financiación comprometida con la UE para transformar el antiguo psiquiátrico de Parayas en un centro de acogida de refugiados es finalista y que, por lo tanto, Camargo no podrá disponer de ellos si quiere construir un centro para mayores.
El PP intentará que esos 30 millones se queden en Camargo, vistiendo la futura residencia como un «centro de referencia nacional» para dar respuesta a las necesidades de la población de cántabra en el ámbito de los mayores, de la atención a la dependencia de las personas con discapacidad, de la salud mental e, incluso, de la soledad no deseada.
Por eso, Buruaga ha intentado no quemar todos los puentes con el Ministerio y se ha mostrado abierta a mantener la colaboración con ellos. Su objetivo es cambiar el proyecto sin que el dinero vuele. «Son compatibles ambas cuestiones, permitiría no perder esos fondos europeos de los que se dispone, pero sin sacrificar nunca los intereses de la autonomía y de los cántabros».
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Y por esa misma razón ha insistido en que el rechazo al centro de refugiados «no responde a ningún trasfondo político, ni ideológico». «Que nadie busque tres pies al gato porque no los tiene, responde a razones y a necesidades objetivas», ha señalado al mismo tiempo que ha cargado políticamente contra el presidente: «Aquí ya no gobierna Pedro Sánchez, ahora se toman las decisiones pensando en las necesidades y en los intereses de los cántabros y también de los camargueses».
Fue en noviembre del año pasado cuando el Ministerio de José Luis Escrivá anunció su intención de convertir en un centro internacional de refugiados el antiguo psiquiátrico de Parayas, sin actividad desde 2016, cuando la Consejería de Sanidad trasladó toda la actividad asistencial al Hospital de Liencres. Esto suponía que Cantabria debía ceder la titularidad del inmueble al Estado a cambio de 10 millones de euros.
Los 43.500 metros cuadrados de superficie acogerían a 300 refugiados y darían empleo a 70 personas, según las estimaciones del Ministerio, y se transformarían por completo tras la inversión de 30 millones de euros, ya que el acuerdo incluía la mejora de las instalaciones deportivas que ya existen en esta zona. Ahora, todas estas cifras están en el aire.
Pero Buruaga lo tiene muy claro: «No nos vamos a deshacer de una propiedad que es patrimonio de todos mientras hay necesidades de los cántabros que es preciso atender y que están sin resolver en este momento».
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