Buruaga pide en Europa rebajar la protección del lobo: «Los ganaderos no resisten más»

«El sector ganadero no resiste más», afirmó la presidenta durante su intervención –ante el gran número de peticiones de palabra de representantes de diversos países, cada interviniente solo tuvo un minuto–, en la que pidió una revisión urgente de la normativa europea para rebajar la protección del lobo «sin perjuicio de su conservación» y en la que solicitó el amparo de la Comisión Europea ante los «abusos» del Gobierno español. Como otros representantes de territorios afectados por el lobo, Buruaga señaló que la «excesiva protección del lobo» en España supone una «amenaza» para la ganadería de Cantabria y explicó que, desde la inclusión de la especie en el Lespre, los ataques al ganado han aumentado el 113% y los lobos matan siete animales al día en la comunidad autónoma.

Básicamente, lo que quiere Cantabria es que se vuelva al modelo anterior a 2021, cuando cada territorio tenía su propio plan de gestión del lobo que permitía extracciones puntuales en función de las necesidades de cada comarca y cada momento. Control que «exigen los ganaderos y funcionó durante décadas» y que también defendió durante el mismo debate la representante de Asturias, Raquel García. El Principado, pese a estar gobernado por el PSOE, mantiene la misma posición que Cantabria.

Una vía es cambiar el nivel de protección del lobo y la otra que el Gobierno de Pedro Sánchez permita aplicar alguna de las excepciones para cazar ejemplares, pero Madrid también se ha negado a esta segunda opción. De hecho, el exconsejero Guillermo Blanco emitió durante su etapa al frente de Ganadería diversas órdenes de extracción y el Estado –y algunos recursos judiciales de ecologistas– las mantienen paralizadas. En este escenario, lo que pide el Gobierno de Buruaga a la Comisión Europea es su implicación «en defensa del principio de subsidiaridad», aquel por el que se permite la intervención de Europa cuando los objetivos de una acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros. Porque, según repitió, «el sector no resiste más».

La intervención de Buruaga en el Comité de las Regiones es la primera de un presidente cántabra desde la de José Joaquín Martínez Sieso en 1998. Durante sus 16 años al frente del Ejecutivo, el regionalista Miguel Ángel Revilla no pisó este órgano. Sí viajó a Bruselas al final de su último mandato con la intención de lograr que la UE introdujera el tren rápido entre Santander y Bilbao en la Red Transeuropea de Transportes para optar a financiación, pero no lo consiguió. Según explicó la propia presidenta, su mensaje de este miércoles tenía una doble intención:«defender a los ganaderos de Cantabria y pedir ayuda para que el lobo deje de ser una especie estrictamente protegida».

De ahí que su vista a Bruselas haya coincidido con el debate en el Pleno del Comité de las Regiones acerca del dictamen 'Protección de la biodiversidad y coexistencia con grandes carnívoros en Europa: retos y oportunidades para los entes locales y regionales'. En ese mismo foro se votaron y aprobaron las nueve enmiendas presentadas por Cantabria con el apoyo de otras diez comunidades españolas (La Rioja, Canarias, Baleares, Asturias, Cataluña, Madrid, Extremadura, Castilla y León, País Vasco y Galicia). Entre quienes respaldaron la posición cántabra estuvo el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo (Vox). «Escuchen menos a los urbanitas y más a los que viven del campo. Los verdaderos ecologistas son los agricultores, ganaderos y cazadores. Son los que tienen más interés en preservar la biodiversidad», añadió.

Las diferentes aportaciones cántabras que salieron adelante inciden en la defensa del autogobierno de las regiones en el control sobre los grandes carnívoros, reclamar a la Comisión Europea más vigilancia del principio de subsidiaridad, proponer un mayor apoyo financiero a las entidades regionales y compensar mejor las pérdidas que sufren los ganaderos por los ataques del lobo.

Aunque el dictamen es totalmente favorable a las tesis de Cantabria y de las autonomías del norte de España y choca con la posición de Teresa Ribera, no tiene carácter vinculante, ya que el Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la Comisión y del Parlamento Europeo. Eso sí, el portavoz del grupo de Agricultura de la Eurocámara que participó en el debate fue incluso más duro que Buruaga y el resto de representantes españoles. «La protección de estos animales ha llegado a ser un problema. Ha llegado el momento de proteger también a la gente, como protegimos en su momento a los grandes depredadores», apuntó Daniel Buda, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento.

Apuntó que la población de lobos ha pasado en Europa de 2.000 a 19.000 ejemplares y que matan cada año a 65.000 cabezas de ganado. «Eso no es aceptable», subrayó el diputado rumano, que indicó que además de las grandes cantidades de dinero que se destinan a pagar los daños y a prevención, los ataques de lobos –y de osos, con catorce personas muertas en los últimos cuatro años– están afectando ya a la llegada de turistas en algunas zonas.

Aunque fueron minoritarias, también hubo posiciones desde Finlandia y Alemania a favor de mantener los niveles de protección, todo lo contrario de lo que defiende un dictamen que estos intervinientes calificaron de «decepcionante». En lo que sí hubo acuerdo fue en la necesidad de conocer el número real de lobos y la creación de un censo oficial.

Para Buruaga, los ataques son solo uno de los problemas a los que se enfrentan los ganaderos cántabros, que hoy desarrollan su actividad con «menos ayudas, más exigencias, más costes de producción y ahora más animales muertos». Por eso, la presidenta pidió en una reunión previa del Grupo Popular en el Comité de las Regiones un cambio en el modelo de la Política Agraria Común (PAC) que minimice las exigencias y «corrija y ajuste las ayudas a las peculiaridades de las explotaciones y los territorios», porque la actual «recorta la renta del sector y amenaza su sostenibilidad».

Cabe destacar que esta nueva PAC salió adelante gracias a un acuerdo entre populares y socialistas europeos, aunque no es del agrado de una parte importante de los ganaderos cántabros, que reclaman una reducción de la «apabullante burocracia» y más apoyo a la ganadería extensiva de montaña.