Buruaga quiere cerrar el acuerdo con el PRC antes del lunes y no renuncia a las auditorías

¿Cuándo? «Lo antes posible» para acabar con el estado de incertidumbre actual. «Podría estar firmado esta semana, cuanto más tardar el lunes de la semana que viene para poder disipar incertidumbres en relación a la formación de ese futuro Gobierno y empezar a cumplir plazos y exigencias para poner a funcionar el reloj y que Cantabria tenga un gobierno cuanto antes», insistía Sáenz de Buruaga. Al revés de lo que está haciendo la mayoría de sus compañeros de partido que el pasado 28M se enfrentaron a los urnas y que están alargando lo máximo posible los plazos, ella quiere pisar el acelerador. Entre otras cosas, porque al contrario de lo que ocurre a sus colegas de Aragón, Baleares, Valencia o Extremadura, la líder del PP cántabro no depende de Vox.

Con la abstención que ya ha adelantado Miguel Ángel Revilla le basta. En este sentido, la próxima presidente autonómica precisó que el documento que se cerrará –salvo que la negociación salte por los aires, algo que no parece probable– en los próximos días «no es un pacto de legislatura, sino un pacto de investidura». Y por eso está descartado que el acuerdo implique reparto de cargos, «ni en el Gobierno, ni en el Parlamento». Ni tampoco que este tenga implicaciones en las negociaciones para garantizar la gobernabilidad municipal. «Tengo que ser honesta y decir las cosas como son», asegura la popular cuando negaba que el PRC hubiera puesto esta exigencia sobre la mesa. No lo hicieron, pero les habría dado igual porque «nosotros no habríamos transigido lo más mínimo en ese ámbito.

Buruaga apeló en dos ocasiones a su programa electoral y a las promesas realizadas durante la campaña. Primero, para recordar que durante toda la carrera hacia Peña Herbosa ha repetido insistentemente que el suyo sería un Gobierno monocolor y, segundo, cuando fue preguntada por la posibilidad de que fruto del acuerdo de investidura el PP se olvidara de su intención de acometer una auditoría interna en la Consejería de Obras Públicas. Lo dijo claro:seguirá adelante con ese plan. Una auditoría económica en el departamento en el que se produjo el 'caso Carreteras' que alcance las últimas dos décadas –el periodo en el que, según los investigadores, se produjeron las mordidas por parte de un alto funcionario– y otra auditoría en el Servicio Cántabro de Salud (SCS). En este caso no tanto ante la sospecha de irregularidades, sino con la intención de mejorar la gestión y acabar con los problemas de ineficiencia detectados por el PP.

«No hay ninguna renuncia a lo que son los principios básicos, de buen gobierno, de transparencia y de responsabilidad», concluía la popular, que también descartaba que esto estuviera entre las peticiones de los regionalistas.