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María José Sáenz de Buruaga llegó a la Presidencia de Cantabria enseñando la venda antes que la herida. Adelantando que la fotografía de la comunidad autónoma no era la de la bonanza que vendía el bipartito PRC-PSOE y que aunque la región crecía y ... seguía creando empleo, lo hacía muy por debajo de la media de España. Venía a decir que cuando el país empezara a tropezar, Cantabria ya estaría por el suelo. Ahora, una vez conocidos algunos datos preocupantes en materia de empleo, industria y, sobre todo, la caída de medio punto del PIB regional en el tercer trimestre de 2023, la tesis de la jefa del Ejecutivo es que el tratamiento para que el paciente eche a andar ya ha comenzado, pero hace falta tiempo para que se puedan ver los resultados.
«Cantabria no se hunde, pero hemos heredado una región rezagada. Necesita medidas valientes para romper una tendencia de desaceleración y de falta de empuje, pero sus efectos requieren tiempo. No son una pócima mágica que solucione los problemas de mal gobierno de ocho años. Harry Potter es para el cine», respondía la popular a preguntas de la portavoz de Vox, Leticia Díaz. Hasta en tres ocasiones tuvo que subir Buruaga a la tribuna para hablar de este asunto durante el primer pleno del Parlamento regional tras las vacaciones –mes y medio de parón desde antes de Navidad– porque también PRC y PSOE golpearon al Gobierno de Cantabria desde el flanco económico. Si Vox se suma a la tesis de que los frutos que ahora se recogen se sembraron durante la etapa del bipartito aunque ya avanza que el PP no logrará mejores resultados porque ha asumido propias las «políticas equivocadas»de sus antecesores, PRC y PSOE sí relacionan estrechamente los datos económicos negativos con el trabajo de los consejeros populares.
O mejor dicho, con el poco trabajo. «Tiene previsto hacer usted algo, ya que sus consejeros permanecen en la absoluta inacción», le recriminaba el portavoz regionalista, Pedro Hernando. En su opinión, lo único que ha hecho el nuevo Ejecutivo siete meses después de tomar posesión es aprobar los Presupuestos de 2024. Y lo ha hecho solo gracias al apoyo del PRC. Además, Hernando rechazó la petición de «generosidad» que hizo Buruaga en cuanto a los tiempos para la llegada de los resultados porque fue la propia presidenta la que prometio «soluciones de manera inmediata». Los regionalistas están «especialmente preocupados»por la situación de la industria y el empleo y siguen esperando la «revolución de la gestión, la simplificación administrativa y la transparencia»–puso ejemplos que apuntan en la dirección contraria– que figuraba en su programa de Gobierno.
El PRC desplegó unos argumentos y un tono mucho más duro que en el arranque de la legislatura y que poco tiene que ver con los de un socio habitual de cualquier Gobierno. Y el PSOE los mismos argumentos que vienen desplegando desde que salió de Peña Herbosa: que Buruaga no está al servicio de los cántabros, sino de Alberto Núñez Feijóo y de su partido. Puso como ejemplo la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero. La reforma fiscal que para Pablo Zuloaga solo beneficia a los más ricos y que Vox cree que se ha quedado corta.
«Van a Europa a hablar de amnistía en vez de defender los intereses de Cantabria. Vergüenza le tenía que dar», recriminó Zuloaga en relación al reciente viaje a Bruselas de la consejera Urrutia. El líder socialista recordó que, mientras en Cantabria los populares se subían un sueldo un 7% –inicialmente era el 20%– y en Madrid votan en contra de la subida de las pensiones, el Ejecutivo autonómico ha licitado en enero de 2024 solo 8,5 millones de euros, frente a los 122 millones del mismo periodo de 2023. «Inacción» que, a su entender, se traduce en esos malos datos.
«No insulten la inteligencia de los cántabros. Nadie con dos dedos de frente puede creer que el comportamiento de la economía el tercer trimestre sea consecuencia de las decisiones de un Gobierno que tomó posesión en julio», reclamó la presidenta a PRC y PSOE antes de culpar a Pedro Sánchez de los males de la región. Especialmente en materia industrial por su política con las electrointensivas o la no ejecución de fondos europeos.
Educación a no tendrá que cambiar su criterio de reparto de las pizarras digitales y podrá enviar a centros concertados el material sobrante ahora que la Consejería ha decidido que su uso no es adecuado para los niveles de Infantil y los primeros ciclos de Primaria. Frente a la tesis del Ejecutivo, Teresa Noceda defiende que son una herramienta beneficiosa en todas las edades. «La explicación es una trampa para justificar que se lo quita a los centros públicos para dárselo a los privados», afirmó la regionalista. El PRC solo tuvo el insuficiente apoyo del PSOE.
No es la primera vez que ocurre, pero el Parlamento de Cantabria volvió a reclamar al Ministerio del Interior que incremente el número de efectivos de la Guardia Civil en Cantabria para poner fin así al problema de falta de personal, que como recordó el PRC, impulsor de la propuesta, está reduciendo al mínimo los horarios de los cuarteles, especialmente de los puestos rurales. Desde el PSOE, el único partido que se abstuvo, Mario Iglesias señaló que durante el Gobierno de Sánchez se ha revertido la pérdida de agentes de la etapa de Rajoy recuperando la cifra de 1.225 agentes. Además, insistió en que Cantabria «no es una región insegura».
Vo aprobó, gracias a los votos del PP, una proposición por la que Cantabria instará al Gobierno de España a que restrinja el uso del decreto-ley. Como recordó la diputada Leticia Díaz (Vox), la Constitución apunta que su uso debe limitar a situaciones de excepcionalidad, ya que implica una tramitación abreviada e impide el debate normal. Sánchez ha aprobado 140 decretos, por encima del récord de Aznar (130), lo que evidencia «un problema de salud democrática». Desde el PSOE, la diputada Eva Salmón negó cualquier duda sobre su legalidad y señaló que gracias a ellos se han tomado decisiones como la subida de las pensiones.
A.R.G. La situación del transporte sanitario en Cantabria volvió a ser tema de debate en el Pleno, con el exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), pidiendo explicaciones a su sucesor, César Pascual, por no haberse renovado aún la flota de vehículos del servicio urgente –«La empresa está dentro del plazo que ustedes marcaron en el pliego (180 días)», le respondió Pascual– y por el problema que tiene con el transporte programado, cuya segunda prórroga acabará esta semana (día 9) sin haberse adjudicado el servicio como se pretendía (por la vía del procedimiento negociado) debido a la paralización derivada de un recurso. «¿Cómo van a solucionar esto?», cuestionó Pesquera, que volvió a defender «la importancia de la internalización» y aseguró que las condiciones de las ambulancias, que superan «el kilometraje máximo» y «carecen de mantenimiento», «pone en riesgo la vida de pacientes y trabajadores». Una acusación que enfadó a Pascual: «No le voy a tolerar que desacredite al servicio público. Parece mentira que haya sido consejero. Vaya a Fiscalía».
El titular de Salud recordó «la chapuza» que heredó, con un contrato dividido en dos lotes, lo que hace «la licitación más costosa (doble de bases, de directivo...)», que «condujo a un conflicto laboral» y con unas condiciones para el transporte programado (dos años de contrato), que «no encajan con la magnitud de la inversión que se pide a las empresas». De ahí que quedara desierto. Pascual reconoció que van «justos» para solucionarlo antes del fin de la prórroga, pero garantizó que «no se va a interrumpir el servicio, porque hay alternativa».Aunque no la detalló. Lo que sí dijo es que en cuanto se resuelva este concurso, se empezará a trabajar en el nuevo pliego, «porque el suyo lo hicieron mal para justificar la internalización», reprochó a Pesquera, a quien le recordó el «despilfarro» de las experiencias de La Rioja y Baleares.
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