Buruaga saca adelante en el Parlamento la ley de simplificación, «la gran norma de la legislatura»

«No a la Ley de Simplificación de Vox y a la ley de especulación urbanística, de riesgos ambientales, de desigualdad entre trabajadores, de trilerismo normativo del consejero Media», detalló Pedro Hernando, portavoz de los regionalistas, quien subrayó que la ley «se salta todos los trámites legales para hacer las reformas necesarias y cambia 24 leyes y 22 decretos sin informes preceptivos».

La Ley de Simplificación Administrativa recoge la aprobación de un plan de simplificación con medidas concretas en medio año y da un plazo de tres meses al Gobierno cántabro para revisar los silencios con el objetivo de transformarlos en positivos. Además, prevé la creación de un grupo de trabajo de simplificación y la emisión de informes anuales sobre la aplicación de la ley en las distintas Administraciones. Tras su paso por la Cámara, la nueva ley podrá entrar en vigor en el plazo de una semana.

«Elimina barreras a la economía, la inversión y el empleo y va a servir para reducir grasa burocrática, simplificar las relación de los ciudadanos con la Administración y acelerar la implantación de proyectos estratégicos. Sumamos a la larga lista de reformas estructurales en marcha una herramienta muy potente para dinamizar nuestra economía y generar un efecto llamada a la inversión», continuaba la presidenta, con el mismo entusiasmo con que PP y Vox argumentaron a su favor en el hemiciclo.

Urrutia, al frente de la consejería bautizada con el nombre de la ley, insistió una y otra vez en que ésta marca «un punto de inflexión» en el empeño de convertir Cantabria «en una de las comunidades autónomas con menos burocracia de España». «Hemos llegado los últimos, pero tenemos la mejor ley», subrayó Urrutia, quien dijo que habían aprovechado la experiencia de otras regiones para elaborar un texto que «nace de la sociedad, de las aportaciones de los sectores económicos, sociales y profesionales de Cantabria».

También la portavoz de Vox, Leticia Díaz, calificó la ley como «absolutamente imprescindible» y «necesaria» para la región, y aunque reconoció que ella había sido «una de las personas más críticas en comisión» con todos los aspectos que había que modificar, una vez admitidas la enmiendas introducidas por su grupo defendió la norma con ardor en la tribuna. «Nos parece inaudito que por cuestiones meramente de estrategia política alguien se pueda bajar de acabar con un freno directo al crecimiento económico, a la innovación y al bienestar social en Cantabria».

PRC y PSOE ofrecieron idénticos argumentos para oponerse no a una ley de simplificación, que consideran vital, sino a lo que describieron como «ley ómnibus». Pedro Hernando (PRC) arremetía contra ella porque «se salta todos los trámites legales para hacer las reformas necesarias, cambia 24 leyes y 22 decretos sin informes preceptivos y pudiera llegar a ser inconstitucional en alguno de sus artículos, como la modificación del POL –Plan de Ordenación del Litoral–, o el decreto de modificación del plan de usos del Parque de Oyambre, y con la que el PP pretende construir vivienda libre en suelo rústico».

El diputado regionalista destacó que de los 97 artículos de la ley se han terminado modificando 60, lo que prueba que era «un trágala para meter los temas de vivienda libre». Hernando insistió en que esta ley ha sido elaborada por Leticia Díaz (Vox) junto con Roberto Media, consejero de Fomento, quienes «han hecho una simplificación a su medida, liberal y antimunicipalista», que «ha abierto la puerta a los desmanes urbanísticos y medioambientales de los que seremos testigos en los próximos meses».

Por su parte, el socialista Mario Iglesias atacó lo que considera «una ley de desregulación, no de simplificación administrativa», y censuró que los mismos que pusieron el grito en el cielo con el decreto ómnibus de Pedro Sánchez presentaran esta «ley ómnibus». «Han aprovechado para meter de tapadillo infinitos cambios», en un «coladero de medidas que nada tiene que ver con la simplificación». «Efectivamente, esta ley es histórica... pero históricamente mala», resumió Iglesias.