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La adecuación retributiva de los docentes se ha colocado en el centro del debate y de la agenda política de Cantabria. Tras la primera reunión del 19 de noviembre para tratar esta mejora salarial, se han sucedido los cruces de declaraciones entre la Consejería y ... la Junta de Personal Docente, así como las protestas, entre ellas, un encierro docente en la sede del Gobierno de Cantabria (Santander); una concentración multitudinaria de profesores ante la Consejería de Educación, y episodios de protesta a pie de calle como el ocurrido este viernes, coincidiendo con la inauguración del CIFP Puerto de Laredo. Antes de la apertura oficial del flamante centro de Formación Profesional, varios representantes sindicales le reclamaron a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, pancarta en mano, que negocie con la Junta. «¡Buruaga, paga, paga, paga!», corearon.
En su primera declaración sobre este asunto, la líder del PP replicaba poco después ante los medios de comunicación que «el Presupuesto no es chicle que se estira hasta donde uno quiere» y que la intención del Gobierno es «atender lo urgente y, por supuesto, priorizar». Buruaga sostuvo en Laredo que no va a aceptar «imposiciones» ni «chantajes de ningún tipo», pero, al mismo tiempo, aseguró que no cierra la puerta al diálogo: «Lo que haga falta y las veces que haga falta», dijo.
Así las cosas, en estos momentos, la negociación en sí parece estancada. La Junta le ha presentado al consejero, Sergio Silva, una propuesta que desglosa año a año el incremento salarial de 325 euros que ven adecuado de aquí a 2027 tras 16 años sin actualización a nivel autonómico. La buena posición del sistema educativo cántabro –tercero mejor de España, según PISA–, la asunción de nuevas funciones dentro y fuera de las aulas, la proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento cántabro, o las mejoras reconocidas a otros colectivos, como el médico, negociada con el presupuesto en vigor, forman parte de los argumentos de los docentes. 'Es ahora' es el lema de la Junta, que propone encierros en colegios e institutos a partir del 3 de diciembre. Además, tal y como anunciaron sus portavoces hace un par de días, si no reciben propuestas de parte de la Administración no descartan ni los paros ni la huelga.
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Silva, por su parte, le ha trasladado a la Junta que su intención es negociar en 2025 y aplicar las medidas acordadas en 2026 porque los 11 millones que, calcula, costará la mejora retributiva son inasumibles en las cuentas del año próximo. La Junta no acepta la propuesta del consejero por inconcreta, pero Silva replica que la pelota está en el tejado de los maestros y profesores y que no tiene líneas rojas de negociación. «Los docentes tienen que mover ficha», apoyó este viernes Buruaga. En este sentido, el consejero mostró su confianza en que, una vez concluido el encierro en Peña Herbosa, se retome la negociación, y en que el acuerdo llegue en un proceso de diálogo «sincero y honesto» por las partes.
En este escenario, una vez concluido el plazo para presentar enmiendas a los Presupuestos en construcción de 2025 –solo el PSOE ha registrado una en relación a la adecuación salarial docente–, Buruaga insistió en que las cuentas del próximo ejercicio tienen en cuenta a los profesores. «Hemos echado el resto con los docentes, atendiendo demandas históricas que los que ahora jalean tratando de politizar o convertir en un arma arrojadiza este asunto nunca atendieron», afirmó la líder popular en relación a los 8,1 millones invertidos en 128 nuevos docentes o a la partida para costear la pareja pedagógica en aulas de 2 años.
Además de echar por tierra la enmienda de los socialistas, Buruaga insistió en que el presupuesto de 2025 «no da más de sí» y no puede atender «la adecuación retributiva» del profesorado.
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