Los cajeros instalados en zonas rurales han expedido 22 millones en tres años

«Hemos avanzado de forma importante en la inclusión financiera de muchos vecinos de Cantabria y se ha facilitado el acceso a los servicios financieros a los ciudadanos y visitantes de las localidades que no cuentan con sucursal, además de potenciar con ello la actividad económica», valora la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que destaca además que el uso de estas máquinas va a más.

La estadística refleja que año a año aumenta el número de usuarios. En el primer ejercicio completo (2022), toda la red de cajeros sumó 36.958 operaciones, de las cuales 32.599 fueron de retira de efectivo por valor de 5,5 millones de euros y el resto correspondieron a consulta de saldos y movimientos, órdenes de transferencia, cambio de pin, recarga de tarjetas o pago de tributos, entre otras cosas. En 2023, las operaciones crecieron un 51% hasta llegar a las 55.874 por un importe de 8,5 millones de euros. En el año que se acaba de cerrar, la estadística solo llega hasta octubre, pero confirma que la tendencia seguirá alcista. A falta de incorporar los datos de dos meses, ya se habían casi igualado las operaciones de 2023 y sobrepasado en 400.000 euros las cantidades retiradas.

De manera general está funcionando bien, pero en unos sitios mejor que en otros. El de Bárcena de Pie de Concha, con cerca de 5.000 operaciones por ejercicio, repite por segundo año consecutivo como el cajero más demandado. «La idea ha ido muy bien, pero hay una pega que sí que ponen los vecinos y que yo comparto: es que algunos tienen que pagar comisión. Les dejamos el local para instalar el cajero y les damos la luz gratis, y a algunos clientes les cobran comisión», explica el alcalde, Agustín Mantecón.

Esa comisión de la que habla el regidor, de alrededor de tres euros, no les repercute a los clientes de Banco Santander, que firmó un convenio con el Gobierno de Cantabria durante la instalación de las máquinas. O esta entidad es la mayoritaria en estas zonas, o los clientes de otros bancos recurren menos a estos cajeros porque, según la Consejería, cerca del 80% del total de operaciones de retirada de efectivo son gratuitas.

El cajero de Valle (Cabuérniga), es otro de los que más se usa. Hay quien preferiría que se usara menos porque «hace un ruido que es insoportable». Lo dice la alcaldesa, Rosa Fernández, que ha tenido que poner un hilo musical en el consultorio que está en el mismo inmueble que el cajero para tratar de disimularlo ante las quejas de los vecinos. «Parece que han traído aquí el más viejo, porque creo que otros no hacen tanto ruido», insiste la regidora, que reclama a Presidencia que, además de retirar, se pueda ingresar dinero: «Aquí se mueve mucho efectivo porque la gente no está acostumbrado a las aplicaciones. Eso nos vendría muy bien». En cualquier caso, al igual que Mantecón, defiende que la mejor solución sería que volviera a haber una oficina bancaria, cuyo cierre no se evitó, en su opinión, «por intereses políticos».

El que menos se usó el primer año fue el de Lamasón, con 190 operaciones. «Sería que al principio no se conocía, porque ahora se usa mucho. Está aquí en el Ayuntamiento y tiene movimiento», corrige el alcalde, Marcos Agüeros. También están a la cola los de Aguayo y Cillorigo. Previsiblemente, el primero por la escasa población y, el segundo, por la cercanía con Potes, donde hay muchas sucursales.

Hasta 2026

«Llevamos un cajero a lugares donde nunca había habido un banco. La prueba de que ha funcionado es que los estudios –como el de la Universidad de Valencia– confirman que Cantabria es el lugar donde menos ha crecido en este tiempo la exclusión bancaria», defiende Paula Fernández, la consejera que puso en marcha un proyecto que ya quieren copiar otras autonomías como La Rioja. La regionalista lamenta que el actual Gobierno del PP no haya dado más pasos en la lucha contra la despoblación como la ley que «dejamos solo a falta de aprobar».

El modelo cántabro de cajeros públicos se diseñó a través de una subvención de dos millones de euros a la empresa Euro Automatic Cash, que se encarga de instalar, mantener en funcionamiento y en condiciones de seguridad –están monitorizados para detectar incidencias– los cajeros durante cinco años, hasta 2026.