El cambio de criterio del Gobierno para la transmisión de licencias enciende a los taxistas

La medida tiene gran calado, ya que afecta especialmente a los servicios entre los municipios, especialmente en los núcleos urbanos. Para que un taxi pueda trabajar, es necesario que su titular cuente con la licencia municipal y la tarjeta de transportes que expide el Gobierno. Sin la segunda, no puede salir de los límites municipales, lo que en la práctica supone un grave problema para los profesionales que no pueden vivir únicamente de los recorridos domésticos.

Es lo que le ha sucedido a David Gómez Pérez, que es el primer taxista afectado por el nuevo criterio de la Dirección General de Transportes. A sus 56 años, decidió comprar el año pasado una licencia a un compañero que se jubilaba. Acudió al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, donde le informaron y no le pusieron ninguna pega. El problema vino cuando trató de obtener la tarjeta de transporte. Se la denegaron. «Estoy desesperado, he sido el pagano de todo. Me han dejado sin dinero y, lo peor, sin la posibilidad de trabajar», comentó este jueves a El Diario Montañés.

En su caso, invirtió «entre 30.000 y 50.000 euros» para hacerse con la licencia de su vehículo adaptado para personas con discapacidad, el único de este tipo entre los once que operan en Cabezón. Ahora lo tiene aparcado porque no le sale rentable trabajar sin salir del municipio.

Pero no todo el mundo puede comprar una licencia. Es cada ayuntamiento el que tiene las competencias para decidirlo. «Está claro que pueden regular las peculiaridades dentro de su ámbito competencial, pero sin contradecir las normas del reglamento», explica Piña. La citada norma recoge que las licencias no se pueden transferir, menos en dos casos concretos: si el titular fallece -por lo que pasaría a sus herederos- o si se transfiere a un conductor que tenga asalariado al menos durante un año. «La solución cuando un taxista cesa en la actividad y no puede transmitirla -en referencia al caso de Cabezón de la Sal-, con arreglo a lo previsto en el real decreto, es que el Ayuntamiento debe sacarla a concurso público», concluye.

Lo que no acaban de entender en el gremio del taxi «es por qué antes no pasaba nada y ahora sí». Hasta ahora Transportes no había sido tan rígida y había obviado los requisitos del reglamento nacional. Como la potestad para otorgar la licencia es municipal, el Gobierno sólo comprobaba el acuerdo plenario, «sin entrar en otras valoraciones», admiten desde el gabinete que dirige Piña. Sin embargo, apuntan las mismas fuentes, una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) de 2019 lo ha cambiado todo.

En ella, la Federación Cántabra del Taxi pidió la revocación de una licencia que el Ayuntamiento de Comillas había otorgado a una empresa de autobuses, amparándose precisamente en el artículo 14 del Real Decreto de 1979. Esto produjo, a la vez, la revocación de la tarjeta de transporte que expidió el Ejecutivo, que es lo que propició también su cambio de criterio.

En síntesis, desde entonces es necesario cumplir a rajatabla los postulados del RD 763/1979 para que el Gobierno dé luz verde al título que faculta al taxista para poder trasladar viajeros fuera de su municipio.

Desde la Federación Cántabra del Taxi reconocen que están «desesperados», porque consideran que este cambio de criterio «es una cosa más que añadir a la guerra que tienen abierta contra nosotros».

Tampoco descartan acudir a la Justicia para pedir explicaciones de la no aplicación de la ley por parte de los diferentes gobiernos regionales que han pasado por alto lo que dictaba una norma de rango superior aprobada hace más de cuarenta años.

«¿Por qué se ataca a la línea de flotación de los trabajadores autónomos de nuestro sector?», se preguntan desde la Federación Cántabra del Taxi. «Para facilitar la entrada de empresas privadas en nuestro negocio, como lo demuestra la desaparición de 59 taxis durante el último año», se responden ellos mismos.