Un cambio en los criterios deja a 14 municipios sin las deducciones fiscales contra la despoblación

Aparentemente, la foto fija que tendrá ahora el Gobierno sobre la situación del problema de la despoblación será más precisa, pero a cambio el año que viene habrá 14 municipios que saldrán directamente perjudicados: los 14 que durante este ejercicio estaban en la lista de Economía y que se caen por este cambio de criterios. No les afecta como tal a los ayuntamientos, sino a sus vecinos. A los empadronados en Argoños, Cillorigo, Hazas de Cesto, Liendo, Limpias, Potes, Reinosa, Riotuerto, Ruente, Ruiloba, Santiurde de Toranzo, Saro, Solórzano y Udías.

En total, estas localidades suman alrededor de 25.000 personas. Eso sí, las bonificaciones no eran para todas ellas, sino para quienes podían optar a las cuatro exenciones fiscales, que desgravaban por arrendamiento de vivienda habitual en zonas reconocidas como despobladas, por gastos de guardería, por gastos derivados del traslado de la residencia habitual y por los gastos del transporte de estudiantes. Además, para solicitarlas también existía un límite máximo de renta familiar. De hecho, en el último ejercicio fiscal liquidado (el de 2022), el número de declaraciones de la renta en el que se introdujo alguna de estas exenciones fue de alrededor de 200. De ahí que en el Gobierno de Cantabria resten relevancia al cambio.

Los socialistas no piensan lo mismo y acusan al PP de «cargarse los incentivos para optar por el mundo rural». «Esta decisión solo puede provocar que menos personas opten por el mundo rural para asentar su vida, todo lo contrario por lo que trabajamos desde el PSOE», lamenta su líder, Pablo Zuloaga, que en el debate presupuestario del próximo 20 de diciembre defenderá una enmienda para evitar esta situación y volver al punto de partida.

En el Ejecutivo entienden que el bipartito realizó la anterior lista sin utilizar criterios objetivos y entienden que estaba sobredimensionada al incluir municipios sin riesgo real de despoblamiento. Así, la nueva lista conjunta –la que aúna la de Presidencia y Economía– tendrá 41 municipios en 2025 tras salir Cillorigo y Ruente y entrar Escalante, Selaya, Villacarriedo y Villafufre. En cualquier caso, es una orden provisional en información pública y cualquier localidad que se sienta agraviada puede presentar alegaciones antes de que sea firme.

¿Cuáles son las nuevas condiciones? Como regla general, se incluyen los ayuntamientos con una densidad de menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, pueden entrar los que cumplan tres de estos cuatro criterios (pérdida de población en la última década, renta per cápita inferior a la mediana, tasa de envejecimiento superior al 30% y censo inferior a 2.000 vecinos).

Entre los municipios afectados, el primero en reaccionar ha sido Riotuerto. Su teniente de alcalde y portavoz del grupo Por Riotuerto, Israel Ruiz Salmón, lamente que el Gobierno de Cantabria haya cambiado de criterio respecto al que expresó en verano. "Cuatro meses han tardado en reducir su lucha contra la despoblación", recuerda Ruiz Salmón, que explica que entonces los municipios tenían que cumplir sólo uno de los criterios (tener una población inferior a 2.000 habitantes, una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de envejecimiento superior al 30%) y ahora tienen que cumplir tres de los cuatro (a los que se añaden renta inferior a la mediana y pérdida de población en la última década). "Se confirma, de nuevo, lo que señalamos cada vez que el PP hace una reforma fiscal: benefician a los que más tienen, en lugar de a quienes más lo necesitan y, en este caso, se alinean con la lucha contra la despoblación", sentencia.

El también coordinador general de Izquierda Unida de Cantabria comparte la necesidad de un único listado de municipios y evitar las confusiones generadas por las consejerías de Presidencia y Economía en los años pasados, pero no las nuevas condiciones que expulsan a multitud de municipios y especialmente a sus más de 23.000 habitantes de la lista y la posibilidad de beneficiarse por las bonificaciones que en julio de este año aprobó la consejería de Economía.