El campo cántabro rechaza el acuerdo comercial con Mercosur por ser «injusto»

En una línea critica se muestra también Manuel Herrero, presidente de Asaja Cantabria, que avisa de «desapariciones» de explotaciones en la región si sigue adelante el acuerdo. «Con todo lo que llevamos sufriendo desde hace unos años con la enfermedad hemorrágica y los costes de producción, sumarle ahora este tratado va a generar un impacto negativo sobre las explotaciones y con el riesgo de que desaparezcan muchas de ellas», lamenta. «Al final, es un acuerdo para que algunos países hagan beneficios con otros sectores y el sector primario europeo salga bastante perjudicado. Con la llegada de productos del sector primario en unas condiciones distintas de producción, con unas normativas de empleo mucho menos restrictivas que las europeas, lo cual a ellos les beneficia en cuanto a costes de producción y a nosotros nos perjudica por competir en desigualdad de condiciones».

Este tratado llega después de 25 años de negociaciones y muchos escollos. La UE alcanzaba un acuerdo comercial con Mercosur para establecer la zona libre de aranceles más grande del mundo, aunque todavía quedan varios procedimientos para que sea una realidad. Y es que varios de los países comunitarios, entre los que se encuentran Francia, Polonia, Países Bajos y Austria, han mostrado su disconformidad con el pacto. Un veto al que podría sumarse Italia, que condiciona su apoyo a medidas concretas para el sector agrícola, y pondría en dificultades su avance al establecer una minoría de bloqueo -tienen que ser mínimo cuatro países que sumen un 35% de la población europea- para frenar su ratificación. Sin embargo, España y Alemania han sido de los países más interesados en que se rubrique el acuerdo, una medida que respondería a la necesidad de abrir otros mercados ante las medidas proteccionistas de Trump en EE UU.

Alberto Pérez, secretario general en Cantabria de la organización profesional agraria UPA, cree que este acuerdo «es una moneda de cambio que emplea al sector primario nacional y europeo en favor de los intereses de multinacionales». Un apoyo, el de España, que Pérez ve como una «crueldad» contra el sector. «Si está a favor de esta decisión, de que el lobo siga campando a sus anchas, está atentando contra el sector primario y conllevará que la gente salga a la calle», añade.

El presidente de la CEOE en la comunidad, Enrique Conde, señala que el acuerdo tiene «claroscuros». «Por una parte se abre un mercado más amplio de más de 200 millones de consumidores a los que podremos acceder de forma más directa, aunque es cierto que España -y Cantabria- tienen acuerdos preferentes de comercio con casi la totalidad de esos países», destaca. Sin embargo, apunta a una parte negativa, como es el acceso de nuevos países con más facilidades para comerciar con los países de la UE. «Puede significar una competencia directa con nuestros productos especialmente en algunos sectores muy importantes para la economía de Cantabria como el sector agrario y la pesca. Esto supone un inconveniente significativo. En cualquier caso, es necesario ser prudentes y esperar a que esta situación se aclare definitivamente para poder hacer una evaluación correcta».

Con ese mismo mensaje de cautela se han manifestado desde las Consejerías de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación; y la de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, que «esperan acontecimientos para valorar un tema tan importante como este».

Los agricultores y ganaderos españoles volverán a manifestarse frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el próximo lunes 16 de diciembre. Unas movilizaciones organizadas por Asaja y COAG para expresar su malestar por «la falta de respuestas eficaces a los muchos problemas» que acumula el sector, entre ellas, el acuerdo alcanzado entre la UE y Mercosur, según han informado mediante un comunicado conjunto.

Unas protestas que toman el testigo de las ya vividas a finales de 2023 en las distintas comunidades autónomas y que culminaron con una gran tractorada por el centro de la capital española. Para calmar los ánimos, desde el Ministerio pusieron un paquete de medidas que no contó con la aprobación de las principales organizaciones agrarias y que valoran como «claramente insuficiente» para dar respuesta a las demandas del sector, ya que las reivindicaciones de aquellas protestas «siguen aún vigentes». Los altos costes de producción y los bajos precios en origen continúan como una «rémora» para las explotaciones agrarias.