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Si Cantabria hubiera hecho los deberes a tiempo, la comunidad autónoma tendría que haber aprobado su Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) en 2001. La Ley del Suelo que se aprobó aquel año obligaba a elaborar en seis meses este instrumento de planeamiento para ... identificar las pautas generales del desarrollo de Cantabria, fijar las directrices para la ordenación del territorio y establecer las prioridades económicas, sociales y ambientales. Pero no fue así. Ni el Partido Popular ni los bipartitos PRC-PSOE hicieron los deberes. Más de dos décadas después, el consejero de Fomento, Roberto Media, promete que el documento estará aprobado y en vigor antes de que acabe la legislatura y que lo hará con la participación ciudadana, aunque será la mayoría política del Parlamento de Cantabria la que tenga la última palabra.
«Nos ponemos en marcha con la tramitación del PROT, que será un antes y un después en la regulación de nuestro suelo porque va a definir durante décadas el desarrollo de nuestro territorio», ha apuntado este jueves Media. El consejero ha afirmado que no era su intención echar la vista atrás «para acusar a nadie de no hacer su trabajo», pero en la práctica lo ha hecho. Porque el popular ha recordado que durante las dos últimas legislaturas de coalición de regionalistas y socialistas se empleó más de un millón de euros en la elaboración de documentos.
«Un gasto importante de dinero público que no ha conseguido los objetivos», pero que ha cristalizado en distintos informes que servirán de base para el documento final. A ello se sumarán las aportaciones ciudadanas que se recogerán a través de la página web www.territoriodecantabria.es o de un formulario que se puede enviar por correo electrónico o en mano y las «consideraciones» del PP para que incluya «nuestra visión del modelo territorial». Es decir, sus postulados en relación a asuntos como la política industrial, el desarrollo ganadero o la gestión de las infraestructuras de comunicaciones, sanitarias o educativas.
Entre 2015 y 2019, con Eva Díaz Tezanos al frente de las políticas urbanísticas, ya desarrolló un proceso participativo amplio que culminó en un documento de alcance, aunque este ni siquiera llegó a aprobarse en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) por los roces y desacuerdos entre los socios. Superó solo uno de los cuatro hitos en los que se divide el proceso de tramitación. Entre 2019 y 2023, ya con el PRC al frente del área, también se encargó un contrato de redacción de estudios, pero un año antes de finalizar la legislatura el exconsejero José Luis Gochicoa lo dejó en 'stand by'.
Ese contrato se ha anulado y el nuevo equipo de la Consejería ha retomado los trabajos con medios propios de la empresa pública Gesvican, lo que se traducirá en un «ahorro económico». «También en una reducción de los plazos», porque los cambios legislativos ya aprobados por el Gobierno de Buruaga permitirán retomar el proceso de tramitación ambiental y urbanística del PROT donde lo dejó Díaz Tezanos, en el documento de alcance, aunque se introduzcan cambios en el texto.
Roberto Media
Consejero de Fomento
Víctor Gil
Director general de Urbanismo
En el proceso participativo también participarán todas las direcciones generales del Ejecutivo regional y los ayuntamientos. Fomento ya ha enviado cartas a los 102 alcaldes explicando el proceso. «Con máxima transparencia y pidiendo la colaboración de todos los ciudadanos», ha insistido Media, que junto a su director general de Urbanismo, Víctor Gil, ha explicado el funcionamiento de la web. Incluye un cuestionario y también apartados para que los interesados hagan sus aportaciones de manera libre. Estará abierta aproximadamente un año, hasta la aprobación inicial del PROT en la Crotu. Si el cronograma que maneja el consejero se cumple, eso ocurrirá en 2025. En el segundo trimestre de 2026 puede tener el visto bueno del Consejo de Gobierno y a partir de ahí se enviará a la Cámara regional, donde se buscará el «máximo consenso posible» habida cuenta de que debe ser una estrategia que ordene el territorio durante décadas.
«Es la norma más importante que va a aprobar este Gobierno, no solo mi Consejería, por encima de la Ley del Suelo», destacó el consejero. ¿Qué efectos prácticos tendrá? Pues por ejemplo, Media explicó que si el PROT hubiera estado en vigor Cantabria se habría ahorrado el caos generado con la proliferación de proyectos eólicos que, en su mayoría, han decaído al ser rechazado por la comunidad autónoma y por la presión de colectivos ciudadanos, ecologistas o partidos políticos. El PROT definirá qué zonas son actas y evitará lo que ha ocurrido en los últimos años: que empresas se gasten un dinero y comiencen a tramitar proyectos inviables y que han generado un estado de preocupación evitable en comarcas como la zona pasiega y el Miera, donde finalmente no llegarán los aerogeneradores. Esto sirve también para proyectos industriales, urbanísticos, ganaderos o de infraestructuras. Cabe recordar que Gochicoa dio a conocer un mapa de exclusión eólica que no llegó a entrar en vigor. Ese mapa, que se incluirá en el PROT, no será muy distinto al presentado. Entre otras cosas, porque hayan cambiado los políticos, los técnicos de la Urbanismo son los mismos.
El PROT definirá los usos, pero con cierto margen. «El documento debe tener un aspecto dinámico. Marcar directrices y crear un marco general, pero que no encorsete», concluyó Gil.
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