Cantabria se acerca al fin de la legislatura sin haber instalado ningún aerogenerador

Pero lo cierto es que, casi cuatro años después, cuando solo faltan unos meses para la siguiente cita con las urnas, no se ha levantado ni un aerogenerador nuevo en Cantabria: sigue habiendo un solo polígono en funcionamiento, el de Cañoneras, en Soba, con 38 molinos, y en la cima del monte Cotío, en Campoo de Enmedio, se yergue, solitario, el experimental de Vestas. Sería injusto dar a entender que no se ha hecho nada en este periodo, porque ha habido avances: el parque eólico de El Escudo, cuya tramitación depende del Ministerio para la Transición Ecológica, está cada vez más cerca de hacerse realidad, y ya ha recibido el visto bueno ambiental –el siguiente paso es obtener las concesiones de monte público de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente–; en cuanto a los proyectos que se despachan en el Gobierno regional, se anuncian las primeras declaraciones de impacto ambiental para «las próximas semanas».

Tampoco puede hablarse de falta de interés de las empresas del sector, al contrario: hay 35 proyectos de polígonos eólicos en tramitación en Cantabria. De aquellos que sobrepasan los 50 megavatios de potencia (once de ellos) se encarga el Ministerio. Los 24 restantes son responsabilidad del Gobierno cántabro.

Ha sido precisamente ese éxito en la respuesta, sumado a los plazos marcados desde Madrid, una de las causas de que se haya ralentizado el proceso administrativo. «Ha habido un colapso forzado por el Estado, que abrió ese espacio para presentar proyectos: ha habido una avalancha de proyectos en muy pocos meses», explica el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco. El Gobierno central ha fijado la fecha del próximo 25 de enero como límite para que los promotores dispongan de su declaración de impacto ambiental, lo que ha obligado a la Consejería a reforzarse con técnicos externos para que en tal fecha la mayor parte de los parques en tramitación cuente con ella, sea esta positiva, negativa o condicionada. En lo que Blanco insiste es en que serán las primeras que se emitan en veinte años.

Será en ese momento cuando pueda calibrarse la dimensión del desarrollo eólico en Cantabria: según advierte el consejero, las declaraciones de impacto son «muy exigentes y garantistas», y constituyen el gran corte para decidir si un proyecto es o no viable. «En Cantabria no se va a hacer nada que no cumpla rigurosamente con la ley: Cantabria no se puede quedar a la cola del desarrollo eólico, pero no va a hacer nada que no se pueda hacer legalmente, lo mismo que tampoco puede meter los proyectos que se presentan en un cajón. Todos los informes saldrán con las máximas garantías», subraya el consejero.

Aunque prudente, Guillermo Blanco aún se muestra esperanzado de que se pueda empezar a trabajar en alguno de los proyectos de polígonos antes del fin de la legislatura. «Nuestro papel en la tramitación es importante, pero el inicio de las obras depende además de otros permisos ulteriores. Yo sí que espero que alguno de ellos dé comienzo antes del mes de mayo».

Por parte de los promotores no se duda de la voluntad del Gobierno, aunque los resultados no hayan sido los esperados. «Esta legislatura hemos visto mayor coordinación entre consejerías y más voluntad de sacar los temas adelante», admite el presidente de la Asociación Eólica de Cantabria, Agustín Valcarce, quien apunta a una suma de posibles motivos para entender el retraso acumulado: «Los promotores tendrán su parte de culpa al no haber escogido las zonas adecuadas; el Gobierno ha tenido falta de medios para poder tramitar más rápido; el tema de la evacuación eléctrica, que en Cantabria la hay en zonas determinadas, la contestación social, que en realidad no es tanta...».

La verdad es que de alguna manera confiaban en que la propia coyuntura mundial contribuyera a agilizar el proceso burocrático –con una guerra que ha encarecido aún más la energía y ha sometido a examen la fiabilidad de los países que la suministran–, y ayudara a reducir la oposición ciudadana a las instalaciones. «A las protestas siempre van los mismos, muchas veces personas que no son residentes de la zona y algunas ni siquiera de Cantabria. Hay ciertos colectivos que están contra todo, y no se entiende en el contexto actual de dependencia del gas ruso y argelino, y del que se obtiene por fracking en Estados Unidos, cuando la UE nos pide un esfuerzo para reducir el consumo y dotarnos de fuentes renovables que ninguna comunidad debería eludir. Es inexplicable, con la que está cayendo, esta contestación o supuesta contestación», reflexiona Valcarce.

Las inversiones sociales en el territorio pueden ayudar a acallar las voces contrarias cuando las cifras económicas no bastan. Así, por citar un ejemplo, Capital Energy, con trece proyectos eólicos, que suman una potencia de más de 530 megavatios, traduce su apuesta por una inversión superior a los 500 millones, la creación de 2.000 puestos de trabajo en los periodos punta, una aportación fiscal cercana a los 10 millones, 80 puestos de trabajo estables para profesionales y un impacto económico local, por el pago de impuestos, de más de 1,3 millones anuales. Para tratar de despejar el camino entre los ayuntamientos y vecinos de las zonas afectadas, la compañía se compromete a poner en marcha actuaciones como la mejora de infraestructuras y servicios, conectividad y digitalización, protección del patrimonio artístico y cultural, educación, salud e integración sociolaboral de los colectivos desfavorecidos.