Cantabria acoge ya a 22 menores migrantes no acompañados e informa de 14 plazas libres para el nuevo reparto

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Según explican desde el Ejecutivo regional, Cantabria dispone de 220 plazas de acogida en su sistema de protección de menores, 36 de ellas reservadas a atender a extranjeros no acompañados. A día de hoy, 22 de ellas ya están ocupadas, de ahí la cifra remitida de que son 14 las plazas disponibles de cara al nuevo reparto de casi un millar de menores de edad que han llegado hasta Canarias en cayucos durante los últimos meses.

A lo largo de 2024 llegaron hasta los centros cántabros 41 menores migrantes en las 36 plazas disponibles, ya que algunos de estos chavales no permanecieron en la región durante todo el año, ha detallado Gómez del Río tras ofrecer los datos en respuesta al requirimiento del Gobierno central, que solicitó a todas las comunidades el número de plazas del sistema de acogida de menores en general y el específico para menores migrantes.

A pesar de haber aportado las cifras solicitadas, el Gobierno regional insiste en que, a sus ojos, el Real Decreto elaborado por el Gobierno central sobre los menores no acompañados es «claramente inconstitucional» y reitera que lo llevará a los tribunales. De hecho, la titular de Inclusión Social ha hecho hincapié en que Cantabria «cumple y cumplirá la normativa vigente», sin perjuicio de que activará «los mecanismos de defensa jurídica» frente a al Real Decreto-ley 2/2025.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo exigió la semana pasada al Gobierno central que asuma la acogida, en un plazo «improrrogable» de 10 días, de casi un millar de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Canarias. La medida, que había sido solicitada por el Ejecutivo del archipiélago en octubre del año pasado, afectará a aquellos jóvenes que «hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla, con la necesaria colaboración y cooperación» de la región. La Justicia también concluyó que, una vez acabado el periodo que han dado para acatar la sentencia, deberán informar de las medidas adoptadas de manera que, posteriormente, se celebrará una vista pública para examinar el cumplimiento de la misma.