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El anuncio por parte del Gobierno regional de que Cantabria acogerá «de manera voluntaria» en los próximos meses a 29 menores migrantes no acompañados (menas), una cifra calculada conforme a los criterios que se aprobaron en 2022 por parte del Gobierno central, ha despertado ... una serie de dudas sobre la capacidad de la región para atender las necesidades de estos niños.
Pues bien, en declaraciones a El Diario Montañés, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, quiso ayer despejar todas las cuestiones referentes a esta delicada problemática al asegurar que «pese a que estamos bastante tensionados, ahora mismo tenemos capacidad para acoger a esos 29 niños». Cabe recordar que en el año 2018 Cantabria llegó a dar cobijo a 150 menas.
Según los datos facilitados por la consejera a este periódico, en la actualidad Cantabria acoge a 21 menores que están distribuidos en cuatro centros de acogida ubicados en diferentes puntos de la geografía cántabra (Gómez ha preferido no desvelar dónde se encuentran). Además, hay 11 plazas libres para ocupar de inmediato. «Aunque llegado el momento podríamos habilitar otros espacios para acoger a más menores». Y es que el número de niños que atiende Cantabria, al igual que otras comunidades autónomas, va variando en función de si alguno de ellos alcanza la mayoría de edad o se «emancipa», situación en la que la Administración deja de tutelarlos.
A la hora de realizar el reparto de estos menores entre las comunidades se tiene en cuenta en un 50% la capacidad de acogida de cada autonomía, en un 25% la población y en el 25% restante la situación económica de esa región, tanto su renta per cápita como la tasa de paro. «Cuando nosotros hemos aceptado voluntariamente, porque somos conscientes de ese drama que están sufriendo en Canarias y Ceuta, dijimos que necesitábamos una programación, una planificación de cuándo pueden llegar estos menores. Lo que no puede ser es que nos llamen por teléfono y nos digan que mañana nos los mandan», defiende la consejera.
Y es que la intención del Gobierno es «atenderlos en las mejores condiciones, no hacinarlos». «Además, hay dejar claro que estos niños no pueden estar con adultos porque puedes poner en riesgo su vida y no se pueden ubicar todos juntos en un mismo centro, ya que de lo que se trata es de que se integren en la sociedad, no de crear guetos», aseguró Gómez del Río.
El Ejecutivo regional también ha pedido al central «una adecuada financiación, porque lo que está haciendo es poner parches y una dejación de sus funciones. Porque la política migratoria, hasta que llegan aquí, es del Estado». De ahí que la consejera preguntara en la sectorial celebrada el miércoles «qué esta haciendo el Gobierno central en los países de origen, si están ayudando; qué controles se están haciendo en las fronteras y qué negociaciones están realizando con Europa, porque es un problema europeo no español». La conclusión a la que llegó Gómez del Río es que el Estado «no está haciendo nada, más allá de repartir a los menores entre la comunidades autónomas». «Nos está lanzando el problema a las comunidades autónomas, sin tomar ellos ninguna medida para solucionar el problema».
Además, la consejera de Inclusión Social apunta que la financiación que concede el Gobierno central a las comunidades «es para un año, cuando nosotros atendemos a este menores durante más tiempo». En el caso de los 29 menores que acogerán en los próximos meses, Cantabria recibirá en torno a 1,5 millones de euros (unos 150 euros al día por menor). «Ya que el Estado no adopta medidas, queremos que, al menos, la financiación sea seria y responsable».
Gómez del Río desconoce cuándo llegarán los 29 menas que acogerá Cantabria ya que ahora se tiene que dar forma al acuerdo con el Gobierno central y después suscribir un convenio con Canarias, que pasa con Consejo de Gobierno, para que envíe a los menores. «Esperemos que no pase como en los últimos dos años, puesto que estaba previsto que llegaran 21 menores en 2022 y otros 26 en 2023 pero no los mandaron porque Canarias tampoco envió firmado el convenio que remitió el anterior Gobierno regional desde aquí», apunta la consejera popular, que espera que antes de que acabe el año lleguen los menores.
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