Cantabria activa un protocolo para detectar casos de violencia sexual en menores tutelados

El Informe sobre Prevención del Riesgo de Explotación Sexual lo firman cuatro expertas de las universidades de Barcelona (Noemí Pereda y Alba Águila), País Vasco (Ignacia Arruabarrena) y Baleares (Beatriz Benavente). En su trabajo, a partir de una profunda radiografía del sistema de acogimiento residencial de Cantabria ante la ESIA (Explotación Sexual en la Infancia y Adolescencia), proponen herramientas de intervención para actuar. ¿Cómo? Con protocolos de actuación ante las fugas y salidas no autorizadas o con la creación de la figura referente en protección o la aplicación de la primera herramienta para detectar casos, denominado EDR-ESIA. En este trabajo, de hecho, se ha realizado un primer control con EDR-ESIA y de los 140 casos estudiados, «han aparecido seis con posible riesgo que ya están siendo tratados».

La consejera de Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha presentado ante casi un centenar de profesionales este análisis, financiado con fondos NextGeneration, y que se realiza con el fin de «garantizar la protección» de los menores y en respuesta a la Ley de Protección a la Infancia de 2021 (Lopivi) que establece que todos los centros de protección a menores de edad serán entornos seguros: «Es un deber ético de una sociedad digna y es una obligación de los poderes políticos», ha dicho la consejera, antes de ponerle cifras a esta realidad. En la región hay 318 menores en algún tipo de acogimiento: 134 están en acogimiento familiar, (27 de ellos con familias del programa de acogimiento del Gobierno y 107 por familiares con los que mantienen algún vínculo afectivo anterior), y otros 184 están en acogimiento residencial.

Desde la primera página, sus autoras manifiestan que, a día de hoy, «sigue sin conocerse la cifra exacta de niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual en España», pero los «escasos estudios» que existen evidencian que se trata de un problema que afecta a un importante número de menores, entre los que son «particularmente vulnerables» los atendidos en centros de acogimiento residencial que han sido «víctimas de violencia y maltrato en sus familias de origen y tienen una conducta marcada por las fugas y salidas no autorizadas de forma recurrente».

¿Cuál es la situación en Cantabria? En su última memoria, la Fiscalía de Cantabria registró 74 diligencias abiertas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales hacia menores de edad en 2020. Un año después, según el Ministerio del Interior, en la región hubo 130 posibles delitos sexuales, de los que 68 fueron hacia menores. Con este contexto, lo que hace el Informe es centrar la atención en aquellos menores que viven bajo la tutela de los Servicios Sociales, y aunque Cantabria tampoco dispone de registros sobre el número de niños, niñas y adolescentes identificados o atendidos como víctimas de explotación sexual, el estudio recoge una encuesta realizada a 16 profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria y el 25% ha conocido algún caso de EISA y el 43,8% cree que podría haber casos de EISA no detectados en sus municipios.

Por eso, el estudio elaborado por el equipo de trabajo propone «emitir un informe de análisis de la situación y de propuestas de mejora en un plazo máximo de tres meses desde el inicio del trabajo», con las herramientas propuestas para, por un lado, determinar los posibles casos que hayan sucedido mientras residían en un centro; evaluar las medidas, protocolos y procedimiento para este tipo de situaciones, y facilitar a los profesionales del sistema de acogimiento residencial una serie de indicadores que permitan detectar precozmente los posibles casos de riesgo de explotación sexual en los centros.