Cantabria alega contra prohibición de cazar al lobo y aduce que el Ministerio «cometió irregularidades en el proceso»

El departamento que dirige Guillermo Blanco considera que el Ministerio de Teresa Ribera, a solicitud de la asociación ecologista Asecel, ha cometido «irregularidades» en el procedimiento administrativo necesario para modificar el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que regula dicho listado, según informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

Así, la Consejería pone en evidencia «el incumplimiento de requisitos legales» en la solicitud de Asecel y del propio Ministerio en elaboración de «documentos técnicos que deben justificar el apoyo a la solicitud» realizada por esa asociación.

También se alega que ni el dictamen del Comité Científico «es preceptivo,» por lo que «menos aún se puede considerar vinculante», como hace el Ministerio, además de que «tampoco se ha respetado el procedimiento establecido reglamentariamente para la solicitud de informes a ese Comité».

El Gobierno de Cantabria señala que en el Comité de Flora y Fauna Silvestres, encargado de valorar la solicitud y elaborar el correspondiente informe de valoración, «ni la propuesta de Asecel ni el dictamen de Comité Científico contó con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, por lo que la solicitud debió ser archivada y no continuar con su tramitación, como hizo el Ministerio«.

De igual forma, alega la «ilegal adopción» del acuerdo de 4 de febrero de 2021 de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad de proponer la inclusión del lobo en el Lespre, por «incumplimiento de reglas esenciales en el desarrollo de la sesión y en cómo se llegó a ese acuerdo, con el voto en contra de las comunidades en donde habitan la mayoría de los lobos de España -al Norte del Duero- y que van a ser las principales afectadas por la medida».

La Consejería de Medio Ambiente considera, además, que el Dictamen del Comité Científico, que es «el único» documento que aporta el Ministerio para justificar su decisión, es «puramente subjetivo» y se basa en «una conveniencia no justificada a la vista de que no consta en el expediente ni se demuestra en el dictamen que el valor cultural o biológico ostentado por el lobo esté amenazado en el momento actual», lo que sería motivo para incluir a esta especie en el Lespre.

Además -prosigue el Ejecutivo- de ser «la primera vez» desde que el existe este Listado que se incluye a una especie en él por «razones ecológicas, científicas o culturales sin que la especie esté, además, amenazada», pues el propio Comité Científico -resalta- «descarta» que el lobo deba ser incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas y tampoco se ha producido ningún cambio en el estatus legal de la especie en las normas de la Unión Europea.

El Ejecutivo cántabro subraya que la población del lobo en la región se encuentra en un estado de conservación «favorable» porque su dinámica «sigue constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats naturales de la Comunidad Autónoma, habiéndose multiplicado por 6 el número de grupos familiares en los últimos 30 años«.

Añade que su área de distribución «no se está reduciendo ni amenaza con reducirse en un futuro, sino más bien al contrario, y sigue existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener sus poblaciones a largo plazo».

Por todo, considera que la propuesta del Ministerio no sólo supondría una «deficiente» opción desde el punto de vista regulatorio, sino que además supondría una «incongruencia» con la Directiva Hábitats, con los instrumentos de control y conservación de la especie y con la propia Estrategia para la Conservación del lobo y la gestión del lobo en España, aprobada con el máximo consenso en 2005, y que sigue vigente actualmente.

«El proyecto de Orden del Ministerio no cumple con el principio de proporcionalidad, ya que ya existen otras medidas menos restrictivas de derechos y que imponen menos obligaciones a los destinatarios de la norma, sin que se ponga en peligro la conservación de la especie ni sus valores culturales y ecológicos«, asegura el consejero, Guillermo Blanco, para quien la nueva normativa «no es coherente» con el resto del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El Gobierno regional reclama que si el nuevo proyecto normativo es finalmente aprobado, debe incluir la fórmula mediante la cual el Estado asuma las compensaciones económicas que se deriven de esta nueva situación jurídica, «haciéndose cargo de todas las indemnizaciones y compensaciones derivadas de los daños que produzca la especie y de las medidas preventivas necesarias para evitarlos«, y no como figura en el proyecto, que indica que la inclusión del lobo en el Lespre »no supondrá el incremento de recursos humanos y económicos por el Estado«.

El escrito de alegaciones de la Consejería finaliza reiterando el absoluto rechazo de Cantabria a la inclusión del lobo en el Lespre al no ser una especie «especialmente protegida» por normativa comunitaria ni «existir información científica que haga necesaria una protección especial».