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Cantabria analizará a «todos» los usuarios de las 82 residencias de mayores de la comunidad autónoma -donde viven 5.945 personas- en busca de casos de coronavirus y realizará inspecciones en estos centros --donde hay 272 casos activos y más de una veintena de fallecidos- por si hubiera existido alguna «negligencia» en ellos durante esta crisis sanitaria, aunque, en general, «no tiene quejas».
Así lo ha anunciado este lunes el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), durante su comparecencia en el Pleno del Parlamento de Cantabria, para dar cuenta de la situación del coronavirus, al igual que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, según recoge E. Press
Revilla, que ha comparecido con guantes de protección, ha reconocido ante un hemiciclo casi vacío que la propagación del virus en las residencias de mayores ha sido, y es, el «mayor problema» de la epidemia en Cantabria, y aún se está en fase de dar «una solución definitiva».
Pese a ello, el presidente ha vuelto a subrayar que los datos de casos positivos en las residencias de mayores de la comunidad están «muy por debajo» de la media del país y de algunos territorios, como Madrid.
El presidente de Cantabria ha explicado que, por ahora, se han realizado 1.192 pruebas de detección del coronavirus en las residencias de mayores y, con la remesa de 12.700 test recibidos el domingo y enviados por el Gobierno de España se analizarán a «todos» en busca de casos de COVID. De las 82 residencias que hay en Cantabria, casi todas privadas aunque con plazas concertadas, hay en 15 que han registrado algún caso positivo. De hecho, Revilla ha señalado que ha habido algunas en las que prácticamente todos han estado infectados.
Ha señalado que esta propagación ha llegado también al personal que atiende a estas personas y ha generado que algunos haya causado baja. Además, ha añadido que pese al «heroismo» de la gente en colaborar en esta situación, hay gente «muy reticente» a trabajar o ayudar a atender a estas personas mayores en centros con muchos infectados.
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En este sentido, Revilla ha explicado que ha habido que «obligar» a personal que trabaja en centros de días a acudir a estos centros de trabajo, a donde se han remitido ya 15.
Además, ha señalado que en la bolsa abierta por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para que en ella se apuntaran personas dispuestas a trabajar en estos centros hay inscritas un millar de personas.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha coincidido con el presidente en que la situación en las residencias de mayores «es complicada» debido a que los usuarios son un colectivo «vulnerable» al coronavirus.
Así, pese al «esfuerzo» realizado para tratar de evitar y frenar la expansión del Covid-19, «no se puede dar por controlada» la situación en estos centros, que acumula 294 casos activos en 14 residencias y 25 fallecidos, siendo la proporción de víctimas «menor» que en otras comunidades.
En su comparecencia ante el Pleno -a continuación del presidente, una vez limpiado el atril pero sin guantes de protección-, el consejero ha destacado que una de cada tres muestras hechas hasta ahora para detectar el patógeno se han realizado en residencias.
Así, por cada test practicado a un ciudadano de Cantabria se han llevado a cabo 14 a usuarios de centros de mayores y 30 entre sus trabajadores, índice superior al de los profesionales sanitarios.
«Hemos testado al personal de la residencias dos veces más que a nuestro propio personal sanitario», ha comparado Rodríguez, para quien estas cifras evidencian que la atención a estos centros ha sido «máxima».
Aún así, la Consejería ha decidido que los test rápidos que ha recibido Cantabria se van a usar de forma prioritaria en residencias, donde además se incidirá en las medidas organizativas decretadas por el Ministerio respecto a estos y otros centros sociosanitarios.
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En su intervención, el titular de Sanidad ha defendido que desde los inicios del coronavirus y antes de que se declarase la pandemia las residencias fueron uno de los principales objetivos en Cantabria, donde ya el 9 marzo se elaboró el primer protocolo de actuación, que ha tenido dos actualizaciones: el 19 y 22 de ese mes.
También el día 9, antes de que se decretase el estado de alarma, la Comunidad Autónoma limitó la asistencia de visitantes, ONGS y voluntarios a estos centros.
Y el 15, cuando aún no había ningún caso positivo confirmado en este ámbito, la Dirección General de Salud Pública se reunió con responsables del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para consensuar un protocolo con el que detectar de forma «temprana» cualquier caso.
El objetivo era, en palabras de Miguel Rodríguez «realizar una búsqueda activa entre los usuarios y no esperar a que los casos nos sorprendieran».
Con ese fin, se preparó entonces un sistema de recogida de muestras con dos equipos de intervención rápida del 061, dedicados por la mañana a la recogida de muestras en residencias y por la tarde a la gestión de las mismas entre trabajadores de esos centros, siendo la primera comunidad junto en Galicia en habilitar esta práctica.
Ciudadanos Félix Álvarez ha vuelto a ofrecer este lunes al Gobierno regional su colaboración en la búsqueda de soluciones y ha reclamado que se pongan en marcha planes económicos para que ningún cántabro se vea sin recursos.Ha vuelto a plantear la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales para proteger a los trabajadores, ayudar a los autónomos y a las pymes y las grandes empresas, así como una modificación presupuestaria y de liquidez. Ha instado a habilitar los planes económicos necesarios para que ningún ciudadano, ninguna familia se vea sin recursos para poder acceder a los bienes y suministros básicos, y aunque ha valorado el esfuerzo del «cheque de resistencia» de 10 millones de euros para autónomos y pymes que ha puesto en marcha su Gobierno cántabro, lo ha considerado «claramente insuficiente»
Vox Vox ha opinado este lunes que el Gobierno regional «no ha estado a la altura» de la emergencia generada por el coronavirus ni en materia sanitaria ni económica, y le ha acusado de «abandonar» a los cántabros y de «ir a remolque» de las políticas nacionales. Cristóbal Palacio ha llamado a anticipar la crisis económica que se avecina con propuestas «concretas» y no con medidas generales «de economista de salón». También ha pedido hacer test a la población para que el que esté inmunizado pueda volver a hacer su vida habitual lo antes posible y así recuperar la normalidad . Palacio ha echado en falta también propuestas para afrontar la difícil situación económica a la que tienen que hacer frente los cántabros.
PSOE El PSOE cree que no es momento de críticas y ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para trabajar unidos contra la COVID-19, porque «es hora de caminar unidos» y no dividir frente a esta crisis, y porque se necesita un Estado «fuerte» que «no deje a nadie atrás». Noelia Cobo ha destacado que se han puesto en marcha «numerosas medidas económicas y ayudas sociales como escudo contra los efectos de la pandemia en los colectivos más vulnerables». Ha insistido en que los pasos que se han ido dando han estado «precipitados por la catarata de contagios» y se han tomado «desde la óptica de las recomendaciones de epidemiólogos y otros expertos». Ha reconocido las dificultades a la hora de comprar material sanitario y de protección
Partido Popular El PP aprovechó el Pleno para esbozar algunos de los asuntos sobre los que pedirá explicaciones cuando se resuelva la crisis del coronavirus porque «el Gobierno de Sánchez está haciendo las cosas mal y en Cantabria hay algunas que se podrían haber hecho mejor». Considera que el Ejecutivo central desoyó las recomendaciones de los organismos internacionales, que su anuncio con dos días de antelación del estado de alarma permitió la llegada de personas a Cantabria que trajeron el virus, o que fue un error decretar unilateralmente el «apagón empresarial». «Tenemos un Gobierno en España con máximos de poder y mínimo de eficacia», afirmó la líder de la formación, María José Sáenz de Buruaga, que lanzó sus palabras más duras contra Madrid que contra Peña Herbosa. Buruaga agradeció a Revilla que reconociera «con crudeza» la falta de apoyo del Estado en la dotación de los sanitarios, pero consideró que 22 días después de que se decretara la alarma, tampoco es justificable que el material propio de la comunidad siga sin llega
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