Secciones
Servicios
Destacamos
Por segunda vez desde su llegada al Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero ha vuelto a abrir el complejo melón del cambio del modelo de financiación autonómica. Y lo ha hecho con polémica. En plena negociación entre el PSC y Esquerra para tratar de ... convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat, el Gobierno central se ha mostrado partidario de que el nuevo sistema para el reparto del dinero entre los territorios recoja la «singularidad» de Cataluña, unas palabras que no han gustado a los barones regionales.
Tampoco a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que dedicó varios minutos a este asunto durante el debate sobre el estado de la región. Criticó a Pedro Sánchez por amenazar con un sistema de financiación basado en «privilegios económicos unilaterales que rompe nuestro 'status quo' y nos perjudican», y lamentó que, además, lo haga por intereses partidistas, en referencia a la necesidad del apoyo de los socios independentistas en Madrid y a la investidura de Illa en Cataluña. En resumen, lo que pide el Gobierno cántabro es que el nuevo modelo se apruebe después de una negociación multilateral y con el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están representados todos los consejeros de Hacienda de España.
«Que se apruebe desde la multilateralidad no quiere decir que tengamos que renunciar a la bilateralidad con el Estado. Cantabria negoció en 2009 una parte de su financiación de forma bilateral», replicaba la exconsejera socialista Ana Belén Álvarez en la tribuna del Parlamento. Se refería al apartado tres del Fondo de Compensación, una bolsa de dinero distinta al fondo general que se reparte entre algunas comunidades y que incluye un criterio que ha permitido a Cantabria ser la región que recibe más dinero por habitante desde 2009, cuando salió adelante el sistema que sigue en vigor y que lleva diez años caducado.
«Conseguimos introducir una cláusula para que las autonomías pudieran entrar al Fondo de Compensación en función de la evolución de su población. No recuerdo exactamente la fórmula, pero pusimos que una región se podía beneficiar cuando hubiera crecido menos de un porcentaje determinado. Un porcentaje que encajaba perfectamente con la realidad de Cantabria», apunta Ángel Agudo, el consejero de Economía del momento. El socialista insiste en que fue una negociación bilateral en toda regla la que se cerró con una reunión en La Moncloa en julio de 2009 entre los entonces presidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Revilla en la que también estaba él mismo y su homólogo nacional, Carlos Ocaña. Subraya que se apeló a una «singularidad regional» y que, además, pasó bastante desapercibido para el resto de comunidades autónomas, que no pusieron pegas.
Agudo recuerda que, aquel primer año, esa condición que impuso Cantabria supuso la llegada de 20 millones extra, una cifra que ha ido creciendo desde entonces. «Para la región eso era mucho dinero –la diferencia entre ser la primera o no del ranking–, pero es verdad que para el conjunto del modelo era relativamente poco».
Eso respecto al Fondo de Compensación que ha marcado la diferencia para Cantabria durante estos años. Respecto al Fondo de Garantías y de Suficiencia –el grande, donde está el grueso del dinero–, a la región tampoco le fue mal, pero ahí el mérito es compartido. Frente a lo que pedían Andalucía, Valencia, Murcia o Baleares –los que tienen más población y que ahora se sienten maltratados e infrafinanciados–, Cantabria y otros territorios lograron que se tuvieran en cuenta criterios como el envejecimiento, la dispersión territorial o la orografía. Los que provocan, por ejemplo, que el transporte escolar cueste en Cantabria 15 veces más por alumno que en la Comunidad de Madrid.
En opinión del exconsejero, en la negociación para la revisión del modelo de financiación que está en marcha, Cantabria debe jugar con inteligencia sus cartas y tratar de introducir criterios que le sean favorables. Además de mantener el del coste efectivo de los servicios por encima de un reparto por población total, Agudo opina que el Gobierno de Buruaga debería pedir que se tuviera en cuenta el número de residentes no censados. No la población flotante que tiene un territorio en verano por el turismo, como piden otros lugares, sino la que viva –sobre todo vascos– todo el año en la zona oriental de Cantabria pero no paga impuestos por los beneficios que tiene estar domiciliado en Vizcaya.
También cree que se puede lograr un trato especial para Valdecilla porque «en el Estatuto de Autonomía figura que se trata de un hospital de referencia nacional». En su opinión, tal y como está redactado ese artículo, Cantabria podría reclamar partidas concretas.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.