Cantabria aprueba su Ley de Memoria Histórica con el rechazo de toda la oposición

En contraposición, regionalistas y socialistas han defendido que es «buena para Cantabria», pretende «cerrar heridas» y en «ningún artículo distingue entre unos y otros». En su opinión, «devuelve la dignidad dejando de lado los colores políticos, no habla de bandos, de ganadores y perdedores, sino de reconocimiento y dignificación».

El proyecto de ley se ha aprobado incluyendo 47 enmiendas de los propios PRC y PSOE, que a su vez han tumbado las 116 que presentaron PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, informa E. Press.

En este sentido, los tres partidos de la oposición han lamentado que «no ha habido voluntad» para llegar a un consenso y que se ha «perdido la oportunidad histórica» de aprobar una norma que fuese «ejemplo» en España y honrase a todas las víctimas. Además, han apuntado que el texto es tal «chapuza» que «ha merecido 47 enmiendas de los propios grupos que la sustentan».

Algo que PRC y PSOE han explicado argumentando que se han introducido esas modificaciones para incluir «mejoras técnicas», «simplificar» el texto «manteniendo la protección» a los afectados e intentar llegar a consensos con el resto de grupos, pero «algunos ya tenían decidido que no la iban a apoyar antes de que llegara a la Cámara».

La ley ha sido impulsada desde la Vicepresidencia y Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte que dirige Pablo Zuloaga, quien la ha presentado este miércoles en el Parlamento como «un paso más» en materia de derechos y libertades sociales, que sucede a la aprobación hace un año de la Ley LGTBI -el 2 de noviembre de 2020- y busca una Cantabria que sea «más democrática, más igualitaria y más respetuosa».

Zuloaga ha remarcado que un informe de la Universidad de Cantabria apunta a la existencia de 91 fosas comunes con restos de más de un millar de víctimas sin localizar en Cantabria, y ha anunciado que esta misma semana la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica dará comienzo a los trabajos de localización y exhumación en cuatro fosas en los municipios de Anievas, Cillorigo de Liébana, Campoo de Suso y Cieza.

Este tipo de actuaciones están contempladas en la ley aprobada hoy, que como ha explicado el vicepresidente apuesta por actuaciones para la localización, exhumación e identificación de las víctimas, elaboración de mapas de terrenos en los que se localicen restos y medidas para la conservación de dichos lugares y para la retirada de simbología de la Guerra Civil o la dictadura.

En definitiva, pretende «dignificar a las víctimas y reconocer la injusticia que padecieron», ha resumido Zuloaga, que ha asegurado que en el desarrollo de la ley «no hay bandos» y que quien la ataca hablando de ellos los «mancilla a todos». «Esta ley mira a las víctimas», y «en un bando y en otro fueron víctimas todos», ha sentenciado.

Además, ha indicado que promueve nuevas investigaciones que profundicen en el conocimiento de la verdad para que sirva para evitar la repetición de «cualquier forma de violencia o totalitarismo».

Similares argumentos han utilizado las portavoces de PRC y PSOE en la Cámara, María Ángeles Matanzas y Noelia Cobo, respectivamente, quienes han asegurado que la ley sirve para «cerrar heridas» y han pedido a la oposición que «no busque excusas» para no apoyarla, porque es «una falacia decir que es sectaria».

«El olvido no es una opción en la Democracia. Es de justicia reparar el daño causado», ha apuntado la socialista tras asegurar que «alguno no esconde su añoranza» a la Dictadura. Y tanto ella como Matanzas han lamentado el mensaje «cargado de demagogia» de la oposición, a la que han pedido «dejar de lado el color político y pensar en las víctimas».

Y es que, por el contrario, desde PP, Cs y Vox han opinado que la norma quiere «dividir a la sociedad» y «reabrir heridas», como han venido apuntando desde el inicio de su tramitación.

Han hecho hincapié en que «el gran error» y «lo más vergonzoso» del texto es que no reconoce a todas las víctimas, solo a las de un bando (a las ajusticiadas por el bando nacional en la Guerra Civil y por el Franquismo y no a las que lo fueron por el bando republicano), estableciendo «víctimas de primera y de segunda».

Además, creen que «riega» con ayudas a asociaciones solo de dicho bando y busca el «adoctrinamiento» en los colegios a través de la imposición de una «verdad oficial», «la del PSOE».

En este sentido, han criticado que se prevea la creación de la 'Comisión de la Memoria', un nombre con el que se ha «maquillado» a través de una de las enmiendas lo que inicialmente se llamaba 'Comisión de la Verdad', que formarían cinco miembros elegidos dos de ellos por el Gobierno regional y tres por el Parlamento.

«No tiene cabida en ninguna Democracia que una Comisión de la Verdad nombrada por los políticos diga a los historiadores que se puede decir y que no», ha apuntado el 'popular' Iñigo Fernández, que, como portavoz del grupo mayoritario de la oposición, ha confiado en que tras las próximas elecciones dentro de un año y medio cambiará el Gobierno y «esta ley será derogada».

Tanto él como el diputado de Vox Armando Blanco han criticado que en el texto de la ley se oculten episodios «sangrientos» y lugares «donde la izquierda radical torturó a 1.500 cántabros», como las checas.

«Solo reconoce una verdad, la del PSOE», ha denunciado Blanco, asegurando que el partido pretende «borrar su pasado criminal» y «dividir la sociedad en grupos y enfrentarlos», retomando de nuevo el enfrentamiento entre «rojos y azules» que la sociedad «ya había superado».

En esa misma línea, desde Cs Félix Álvarez ha añadido que la norma tiene «memoria selectiva» y que con ella se «pierde la oportunidad» de aprobar una que «realmente honrase» a las familias de las víctimas.

Además, ha criticado que los socialistas «se han esforzado en que se evite la exaltación del Franquismo, pero votan en el Congreso y Senado en contra de iniciativas para impedir homenajes a terroristas y cambian presos por presupuestos».