Cantabria, Asturias y Castilla y León compartirán el mismo dron de la DGT

Según la jefa provincial de Tráfico de Valladolid, Inmaculada Martínez, la adquisición de uno de estos drones puede costar hasta 50.000 euros con todas las prestaciones que incluyen y, aunque se desconocen todavía los costes de mantenimiento, asegura que son «escasos». Por comparar, el coste de un helicóptero Pegasus es de 1.500 euros la hora.

Actualmente la DGT cuenta con once drones, tres de ellos con un certificado de Metrología, que les permite denunciar las infracciones cometidas, mientras que los restantes realizan funciones de vigilancia y regulación del tráfico

Desde la Dirección Provincial de Tráfico explican que estos drones de vigilancia actuarán en «aquellos tramos de especial vigilancia, como pueden ser los de alta circulación de ciclistas y motoristas, que tienen un mayor riesgo, o en los que ha habido mayor accidentalidad». También defienden que otra de las funciones de estos drones será el apoyo en grandes operativos especiales. «Nosotros llevamos el dron, que se conecta automáticamente con nuestros centros de gestión del tráfico, con lo cual podemos tomar diferentes medidas para mejorar la fluidez del tráfico. También en situaciones de emergencia, como un accidente complicado, podemos tomar imágenes para su posterior estudio y poder evitar que vuelvan a ocurrir».

Los drones con capacidad para formular denuncias, que deben tener un certificado especial del Centro Español de Metrología, grabarán las imágenes de los conductores que cometan alguna infracción, que serán utilizadas como pruebas y aseguran que está enfocado a infracciones como «distracciones, móviles y cinturón». De igual manera, el agente que controla el dron desde tierra puede usar esas imágenes para «formular las denuncias, bien por los agentes de la Guardia Civil o bien a través del centro de denuncias». Por otro lado, para poder situar el dron en el espacio aéreo son necesarias unas autorizaciones expedidas por el Ministerio de Defensa.

El funcionamiento del dron es el siguiente: los agentes de tráfico llegan al lugar de operación y despliegan el aparato, que sobrevuela la zona con una cámara de alta definición. Las imágenes captadas pasan al operador a través del sistema de control y las transmite al instante al Centro de Gestión de Tráfico.

Además de para carreteras, Martínez asegura que también se enfocará su uso a «cualquier evento que nosotros consideremos que tiene una afluencia masiva de conductores», aunque reconoce que no cuenta con visión nocturna para, por ejemplo, el regreso a casa de los jóvenes durante las fiestas de los pueblos en verano.

Estos vehículos aéreos no pilotados velarán por la seguridad del tráfico desde el aire. Además, en algunas comunidades multarán. Pero, de momento, no lo harán en Cantabria. Uno de esos drones de la flota de la DGT vigila ya las carreteras de la región. De momento su misión es, únicamente, regular la circulación y vigilar la situación del tráfico porque «no cuenta con la tecnología necesaria para multar», según destaca Nuria Colsa, subdelegada de Tráfico en Cantabria. De hecho, de los once que tiene la DGT, sólo tres están capacitados para sancionar.

En cuanto a las zonas que tendrá que supervisar, dependerán del uso. De manera prioritaria serán aquellas carreteras donde el riesgo de accidentabilidad sea elevado y donde haya un mayor tránsito de usuarios vulnerables como ciclistas, motociclistas y peatones. En el caso de Cantabria, será la autovía A-8, una de las carreteras con más tráfico durante esta operación.

La delegada de la DGT de Cantabria concluye: «Los puntos mas conflictivos pueden ser los de siempre: el nudo de Torrelavega, el límite con Vizcaya y el acceso a Santander por la S-10 y la S-30». Aunque, en general, el dron actuará por toda la región.