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A. G. Z.
SANTANDER.
Jueves, 5 de noviembre 2020, 07:04
Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León consideran innecesario incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Una ... propuesta que el Gobierno central lleva analizando desde hace varios meses y a la que ahora responden las cuatro comunidades autónomas, cuyos consejeros de Medio Ambiente han enviado una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Otorgar a esta especie una protección especial supondría la prohibición general de su caza. Una cuestión que sería contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, ya que estas tienen importantes poblaciones de lobo ibérico en sus territorios y el sector ganadero de estas zonas sufre los ataques puntuales de estos animales.
En el caso de reforzar la protección de la especie, la captura de un ejemplar sólo sería posible de forma excepcional y bajo criterios mucho más estrictos que los actuales. Una cuestión que complicaría que las comunidades recurrieran a cazas específicas cuando estos animales amenacen los intereses ganaderos. En este sentido, la carta enviada por los consejeros señala su oposición a esta propuesta, ya que sería totalmente contraria a las políticas desarrolladas en estos últimos años en los territorios, donde se ha buscado la compatibilidad entre la existencia de manadas de lobos y la ganadería extensiva.
De hecho, el escrito aclara que si estos cambios en el nivel de protección se hacen efectivos, algunas razas autóctonas podrían estar en peligro en el futuro. La decisión de dirigirse a la ministra Ribera para trasmitir su rechazo surge tras la reunión celebrada entre los cuatro directores generales de la rama y el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio.
Las comunidades señalan que han elaborado y aprobado planes de gestión del lobo «que, por desgracia, no se han librado en algunos casos de su tralado a los tribunales, que en ocasiones han anulado en todo o en parte estos planes». Sostienen que, a pesar de los esfuerzos, sólo consiguen «parcialmente los objetivos» y que el problema de los daños de la ganadería y la conflictividad social asociada al tema sigue estando presente en el día a día de la población del medio rural que convive con esta especie.
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