Cantabria asumirá todo el descuento del transporte regional por carretera

El Gobierno de Cantabria asumirá temporalmente el 50% del coste del transporte regional por carretera después de que el rechazo del Congreso al decreto ómnibus presentado por el Ejecutivo central –con los votos contrarios de PP, Vox y Junts–, haya supuesto la suspensión de las ayudas estatales.

El anuncio, realizado por la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, responde a la intención de «que no sean los cántabros los que paguen la debilidad del Gobierno de Sánchez». «Además de cumplir con nuestra parte, costeando el 20% comprometido en los presupuestos para todo el año 2025, vamos a asumir el 30% que el Gobierno de España ha dejado de pagar», añadió.

Sáenz de Buruaga no ahorró críticas al presidente, Pedro Sánchez, y su equipo, por incluir en el decreto de las ayudas otras medidas con las que, como argumenta el PP, solo pretende contentar a sus socios de investidura. «Ha generado un serio problema al utilizar a los pensionistas, a los beneficiarios de las ayudas al transporte y a los afectados por la dana como rehenes para pagar los precios políticos a sus socios y nosotros tratamos de solucionarlo para que no sean los ciudadanos los que paguen el pato».

Roberto Media, consejero de Fomento, insistió en que el Gobierno regional toma esta medida «para no dejar tirados a miles de cántabros que utilizan el transporte público regional y que se han visto perjudicados por esta situación. Asumiremos este coste durante un tiempo y exigiremos al Gobierno de España que solucione de forma inmediata el problema que él mismo ha generado». «Vamos a seguir exigiendo que se mantenga la gratuidad de los trenes de Cercanías, porque es de obligado cumplimiento, como recoge el acuerdo firmado en febrero del 2023 con el Ministerio de Transportes. No vamos a permitir que Sánchez se ría de los cántabros, y exigiremos que cumpla su palabra y que las Cercanías sean gratuitas hasta que estén operativos los nuevos trenes de Cantabria. En este asunto no vamos a dar ni un paso atrás, y no nos va a temblar el pulso. Vamos a reclamar con todos nuestros medios que se mantenga esa gratuidad y no descartamos incluso acudir a los tribunales si fuese necesario».

De muy distinta forma valoraba la iniciativa de Sáenz de Buruaga la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego. «Su anuncio llega tarde y mal, después de que los ayuntamientos afectados ya hayan avanzado hace días que asumirán temporalmente la parte de ayudas del Estado. Además, el problema lo han generado ellos mismos con el voto en contra de una coalición negacionista, PP y Vox, cuyo único proyecto es boicotear el avance social de la mayoría», subrayó.

Gómez de Diego calificó como «una broma de mal gusto» la recogida de firmas anunciada por los diputados del PP cántabro para reclamar medidas sociales que ellos mismos han bloqueado en el Congreso. «Los ciudadanos no necesitan firmas ni parches temporales, necesitan que el Partido Popular recapacite, que apoyen el real decreto y permitan que miles de cántabros y cántabras puedan beneficiarse de estas ayudas tan necesarias», declaró.

«Si realmente les importa Cantabria, tienen la oportunidad de demostrarlo pidiendo a su partido que rectifique. Este decreto no es un capricho del Gobierno, es una necesidad para miles de personas que merecen soluciones reales, no propaganda», finalizó.

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