Cantabria calcula en 500.000 euros el gasto extra inicial para adaptar la red judicial a la 'desescalada'

Así lo ha defendido hoy la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, en la reunión de la Comisión de Coordinación de Crisis en la Administración de Justicia que ha mantenido con el ministro del ramo, Juan Carlos Campo, y representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, la abogacía y el resto de comunidades autónomas con competencias en la materia.

Tras la convalidación del Decreto-ley que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la progresiva vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales, la consejera de Justicia ha pedido que este servicio público «responda con medios adecuados a las demandas de la ciudadanía y las empresas» en la crisis del Covid-19.

Este plan de inversión, a juicio de la consejera cántabra, tiene que ser «suficiente y prolongado en el tiempo» para conseguir «dar la vuelta a la situación y evitar la precarización de la actividad judicial».

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Según ha detallado, hasta el momento el Gobierno de Cantabria ha estimado que tendrá que hacer frente a un gasto extraordinario cercano a los 500.000 euros durante esta etapa inicial, que ha consistido en la adquisición de medios de protección para los empleados públicos, otros de protección colectiva, la adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones laborales, reorganización de las sedes judiciales, así como la compra de medios tecnológicos y sistemas de comunicación.

A esto se añadirá, cuando se avance en el despliegue de la 'desescalada', la duplicación de los gastos de limpieza y seguridad para hacer frente en la fase sucesiva al doble turno entre los empleados públicos y facilitar unos entornos laborales con todas las garantías para la salud.

Por otro lado, la consejera ha pedido al ministro que valore la ampliación de las materias incluidas entre los servicios esenciales durante el estado de alarma, con el objetivo de que, aunque los plazos procesales se mantienen en suspenso, se puedan agilizar la tramitación de procedimientos por medios telemáticos.

El sistema de gestión procesal 'Vereda', ha señalado, reúne las condiciones técnicas para hacer posible asumir estos asuntos con todas las garantías jurídicas y de seguridad y «cumplir los objetivos marcados de no saturar la justicia cuando termine el estado de alarma».

Actualmente, la comunidad autónoma ha iniciado el regreso progresivo a la nueva normalidad en los juzgados y tribunales de Cantabria, que implica, en esta primera fase, el incremento de los funcionarios en los centros de trabajo, que han pasado, desde el pasado martes, del 22% de la plantilla, que cubrían hasta ahora los servicios esenciales, al 38% actual.