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No hay organismo, asociación o institución que registre en Cantabria el número de personas mayores que fallecen cada año en soledad. Carece de listado la Policía Local, la Nacional o la Guardia Civil. Tampoco los Juzgados, los bomberos, los ayuntamientos o el propio Gobierno de ... Cantabria. Todos lo justifican del mismo modo, porque de los 29.600 mayores de 65 años que viven solos en la región «no es fácil discernir quién vive desatendido», indica Pilar Guillén, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria.
La Policía Judicial acude a los domicilios para el levantamiento del cadáver, pero nadie puede acreditar que la persona estuviera desatendida. «Hay casos en que una madre puede vivir sola pero que tiene la visita diaria de sus hijos que la cuidan. También hay personas que fallecen en la más absoluta de las soledades aunque estén rodeadas de familia», justifica Guillén.
Otro ejemplo, ¿pueden considerarse personas mayores que viven solas las dos hermanas que el pasado jueves aparecieron muertas en su piso de la calle Burgos? No, porque eran hermanas y estaban juntas;o sí, porque en realidad estaban completamente aisladas del mundo. «Tampoco resolvería el problema que contásemos con un listado de esas características. ¿De qué nos sirve registrar estas dos muertes y otras similares?¿No sería más interesante detectar vulnerabilidades antes?», argumenta Guillén.
El Ayuntamiento de Santander «lleva meses trabajando» en la puesta en marcha del llamado Consejo de las Personas Mayores. «Una mesa de diálogo que reunirá a todos los agentes posibles para tratar todos los temas que puedan ayudarnos a cuidar mejor de nuestros ciudadanos de mayor edad», asegura el concejal Álvaro Lavín. La iniciativa podría estar funcionando a finales de verano y ya cuenta con dos líneas de acción básicas:«La puesta en marcha de un plan estratégico de personas mayores y, dentro de ello, la activación de un plan contra la soledad no deseada. Tenemos ya los pliegos y podríamos activarlo pronto».
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander aseguran que trabajan sobre ello: «Tenemos a día de hoy 150 personas en nuestro programa de vulnerabilidad que cuentan con una vigilancia estrecha», aclara el concejal del ramo del consistorio santanderino, Álvaro Lavín.
El problema con las hermanas fallecidas en su vivienda la pasada semana es que nadie informó de su precaria situación. «En ese caso se dieron un cúmulo de circunstancias que hicieron que surgiera este caso que tristemente acabó en drama;pero por fortuna es un suceso muy extraño que no suele verse. Yo no he visto algo parecido en los tres años que llevo en el Ayuntamiento», remarca Lavín. «Pero en ese sentido nuestra labor de prevención es amplia. Porque esas 150 personas son sólo la punta del iceberg de la vigilancia que hacemos desde nuestras oficinas. Tenemos en observación a más de 15.000 personas que pueden sufrir algún riesgo de vulnerabilidad. No sólo mayores, también mujeres víctimas de violencia, etc», asegura el concejal.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que reaccionó la pasada semana con una concentración frente a la vivienda de las hermanas fallecidas, puso el foco en «la falta de coordinación entre instituciones». «El Ayuntamiento emitió un informe de vulnerabilidad pero esa alerta no llegó a la Oficina de Emergencia Habitacional, que depende del Gobierno de Cantabria, a través de Gesvicán, y que debía haber dado una alternativa a estas dos mujeres», acredita Óscar Manteca, representante del colectivo.
Aunque sin datos oficiales, hay voces que aseguran que este tipo de muertes no son habituales. «Nos encontramos con dos o tres al año, no más. Es triste, pero no es un caso habitual», señala Joaquín Cabero, responsable de la Funeraria Montañesa, que aglutina el 40% del mercado en la región.
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