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Los más madrugadores fueron los gruistas de FAM. Con las uvas prácticamente en la garganta se concentraron el 1 de enero frente a la sede de la empresa en Guarnizo. Les siguieron al día siguiente los trabajadores de Global Steel Wire en el polígono de Nueva Montaña. Y así un reguero de insatisfechos que durante la primera mitad del año han salido a la calle a protestar. En ocasiones, con reivindicaciones laborales, en otras por motivos sociales, religiosos, educativos o de concienciación. El año 2018 está siendo especialmente activo. Al menos, eso se desprende de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno. Hasta el 30 de junio se convocaron 311 protestas, casi dos al día, una tendencia al alza si se comparan con las 533 que durante todo el año pasado.
Pese al discurso cada vez más extendido de que la crisis económica y la época de los recortes ha terminado, los cántabros no han dejado de tener motivos para protestar, a tenor de los datos registrados. Se han enfadado profesores, policías, mariscadores, telefonistas, carteros… Una larga lista que también engloba a pensionistas, personal sanitario o afectados por los derribos. En este tiempo, las concentraciones de protesta se llevaron la palma: 262. La sede de la Delegación del Gobierno, el Parlamento o el edificio del Ejecutivo regional en la santanderina calle Peña Herbosa han sido los lugares preferidos para expresar las quejas. Las pancartas, los silbatos y los megáfonos desfilaron en 49 manifestaciones.
Carlos Sánchez, secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria, encuentra una explicación a este repunte. «La economía ha mejorado, pero los beneficios no se han repartido con los trabajadores». Una opinión compartida por su homólogo en UGT, Mariano Carmona, que ahonda en el asunto: «El hartazgo de la gente ha llegado al máximo». La gente esta «asfixiada», según los sindicalistas.
Pero no sólo por los problemas laborales. Temas sociales como la violencia machista o la reivindicación de la igualdad de las mujeres han cobrado protagonismo. Santander acogió el 8 de marzo una de las dos marchas más multitudinarias de este inicio de año. La otra fue el Primero de Mayo, fecha tradicional de reinvindicación de los derechos de los trabajadores.
Mariano carmona | secretario general de ugt en cantabria
Los grandes temas nacionales e internacionales tuvieron su hueco. Cantabria se mostró solidaria. Los ciudadanos salieron a la calle para alzar la voz contra la sentencia de 'La Manada', para defender los derechos de los gais, lesbianas y transexuales, por los derechos humanos, contras las guerras y sus víctimas y para reclamar a los gobiernos más empatía con los refugiados.
El detonante del descontento durante los últimos años, en cambio, ha sido la política de recortes del gobierno popular de Mariano Rajoy en la época más dura de la crisis. Las cifras de las manifestaciones registraron entonces picos de récord.
2018 311 (hasta el 30 de junio)
2017 533
2016 488
2015 696
2014 857
2013 924
2012 616
Desde entonces, el número se ha ido reduciendo paulatinamente, aunque la tendencia cambió el año pasado. «En la recesión, la época más dura, la gente tenía miedo a protestar y perder su trabajo», explica Carlos Sánchez. «Ahora ya no, por eso salen más a defender sus derechos y denunciar otros asuntos que les preocupan», añade. Y cita dos temas de plena actualidad: «el MetroTUS y los espigones de La Magdalena». Mariano Carmona encuentra una explicación. «Es por la falta de diálogo», sentencia el líder de UGT en Cantabria, que han generado «las mayorías absolutas, al restar capacidad de entendimiento tanto a nivel nacional como a nivel local». «Esta política ha generado frustración y ha empujado a la gente a la calle», concluye.
Pese al elevado número de manifestaciones y concentraciones organizadas en Cantabria durante los seis primeros meses, el nivel de sanciones fue ínfimo. Una tónica habitual. Tan solo se tramitaron ocho expedientes. La ley establece que las convocatorias con más de veinte personas deben ser comunicadas y autorizadas por la Delegación del Gobierno. Han sido precisamente las no comunicadas las que acumularon las multas. El regimen sacionador lo rige la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, la conocida como la 'ley mordaza'.
2018 8
2017 11
2016 1
2015 0
2014 1
2013 9
2012 1
«La gente se queja, pero no rompe los platos», afirma Carlos Sánchez, secretario general de CC OO. «Nosotros hemos llegado a tener 315 encausados en todo el país por la 'ley mordaza'. Afortunadamente, el buen hacer de los policías, que han entendido en muchos casos las reinvidincaciones de las protestas, ha hecho que la aplicación de esta norma tan restrictiva haya sido paulatinamente más laxa», indica Mariano Carmona, de UGT.
Carlos sánchez | secretario genral de cc oo en cantabria
Lo que tienen claro ambos líderes sindicales es que nada va a modificar la agenda prevista para la segunda mitad del año en Cantabria. «El otoño puede ser calentito», avanza Sánchez. «Nosotros vamos a seguir con la misma hoja de ruta», recalca Carmona. Destacan dos grandes asuntos: el convenio de la siderometalurgia y el de la limpieza. «Son conflictos vivos y no vamos a ceder, así que habrá actividad reivindicativa», avisan.
Entre las faltas más graves que recoge la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana están las manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas; el Congreso, por ejemplo, o la celebración de espectáculos públicos denegados por motivos de seguridad se encuentran en lo alto de la tabla en cuanto a sanciones, entre 30.000 y 600.000 euros.
Por debajo figuran infracciones como perturbar la seguridad en actos públicos, deportivos, culturales o religiosos; manifestarse ante las asambleas autonómicas (aunque no haya nadie dentro) o, por el contrario, perturbar el desarrollo de otras manifestaciones que sí estén autorizadas, generar desorden en la calle, impedir los deshaucios, resistirse a la autoridad o no identificarse ante los agentes que lo soliciten.
El capítulo de drogas (tenencia, cultivo, tráfico o incluso traslado de personas a los puntos de venta) también figura en este apartado junto al uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Saltarse una de estas indicaciones costaría entre 600 y 30.000 euros.
Consumir alcohol en lugares públicos cuando perturbe la tranquilidad ciudadana, abandonar animales domésticos, escalar edificios o monumentos, ocupar casas o no denunciar la pérdida del DNI también son incumplimientos de la Ley de Seguridad Ciudadana.
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