Cantabria no ha cobrado ningún rescate en 2020 al no constatar negligencias

Desde la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior explican que si no se ha cobrado ninguno de los rescates es, justamente, porque ninguno de los operativos puestos en marcha se han originado por negligencias. O por lo menos que no se ha podido verificar con certeza absoluta que los auxiliados incumplieran alguno de los principios que entraron en vigor hace ahora doce meses. En estos momentos, todavía está abierto un expediente al respecto que podría cambiar la estadística y convertirse en el primer caso de pago por los costes derivados de una intervención de emergencia.

Corresponde al rescate durante la pasada Nochebuena de una familia madrileña que se perdió cuando realizaba una ruta de montaña por la zona de Miera. Sus cinco miembros fueron localizados de madrugada gracias a un operativo conjunto con la Guardia Civil que se complicó por la nieve, el frío y las características del terreno. El Ejecutivo está a la espera de que los rescatadores elaboren el informe, que podría determinar que no tenían la equipación adecuada para ese tipo de actividad. A ello se podría sumar también una sanción por incumplimiento del estado de alarma, ya que llegaron a Cantabria para pasar las fiestas navideñas alojados en una vivienda rural, un supuesto que no se recoge en la lista de excepciones al cierre perimetral de la comunidad.

Tras el debate abierto por varios episodios en los que los servicios de emergencia tuvieron que intervenir ante supuestas negligencias individuales, el departamento que dirige la regionalista Paula Fernández concretó los cuatro motivos para entender que determinadas actuaciones contienen «dolo o imprudencia manifiesta» y que, por tanto, no pueden ser calificadas como accidentes ni ser asumidas por la administración, así como su coste. Por ejemplo, 570 euros por la salida del equipo de espeleosocorro o 1.906 euros por cada hora de vuelo del helicóptero regional. Se trata de aquellos casos en las que la actividad se realiza bajo «predicción de fenómenos meteorológicos adversos», si se omiten las señales que advierten sobre la peligrosidad de zonas con acceso prohibido o restringido, si no se utilizan los medios materiales o la equipación adecuada o si no se ha obtenido una autorización previa en los casos que lo requieran.