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Los afectados cántabros por la Ley de Costas respiraron tranquilos en 2018, con la modificación de la norma por parte del Gobierno de Mariano Rajoy que facilitaba la prórroga de sus concesiones. Tras años con la espada de Damocles sobre su cabeza y el ... temor de que el Estado les obligara a abandonar los terrenos en la que se asientan sus negocios, ganaderías y viviendas, la nueva redacción dejaba claro que a partir de ese momento no se podrían conceder licencias para ocupar terrenos del dominio público marítimo-terrestre para todas aquellas actividades que se puedan desarrollar fuera, pero también que las concesiones actuales tendrían que prorrogarse.
Así se hizo en 2018 y 2019, pero tras la moción de censura, el Ministerio para la Transición Ecológica dejó de renovar los permisos. El equipo de Teresa Rivera realiza una interpretación distinta de la literalidad de la norma y los afectados vuelven a estar desconcertados. Al no tener respuesta a sus peticiones, la Administración entiende que el silencio es negativo. Es decir, que aunque todavía ninguno ha recibido una carta para desalojar los terrenos, están en una situación de alegalidad. Por eso el Parlamento de Cantabria ha movido ficha y por primera vez ha utilizado su capacidad para impulsar la modificación de una ley estatal. Así lo decidió el pasado mes de diciembre y lo defenderán mañana tres representantes en el Congreso de los Diputados. La intención es clarificar los artículos que den lugar a dobles interpretaciones para que el Ministerio para la Transición Ecológica no tenga excusa a la que agarrarse y se cumpla el espíritu con el que fue aprobada la norma en 2018.
Se subirán a la tribuna de la Cámara Baja los diputados regionales Pedro Hernando (PRC), Íñigo Fernández (PP) y Félix Álvarez (Ciudadanos). El billete que tendría que haber correspondido al PSOE se lo ha quedado Cs porque los socialistas se desmarcan de esta iniciativa. El portavoz de esta formación, Javier García-Oliva, abogó «por estudiar cada caso particular y sus posibles soluciones en lugar de modificar la ley». «Desgraciadamente, ya estamos acostumbrados a que su partido dé la espalda a los problemas de los cántabros», le reprochó Álvarez.
El portavoz de los afectados en la comunidad autónoma, José Luis Thomas, confía en que la delegación cántabra tenga el apoyo suficiente de los grupos para sacar adelante la modificación. En principio, da por hecho que PSOE y Podemos votarán en contra, pero entienden que es posible el 'sí' de los grupos nacionalistas que respaldan habitualmente al Gobierno de Pedro Sánchez. Del PNV, de los gallegos del BNG, de los valencianos de Compromis e incluso de los separatistas catalanes, ya que en todos estos territorios también hay colectivos que agrupan a damnificados.
Thomas entiende que la modificación legal será la solución definitiva al problema, pero en paralelo también se está desarrollando un proceso judicial. Cuando los afectados cántabros vieron que la Demarcación de Costas no les concedía las prórrogas –en realidad no resolvía los expedientes, lo que en la práctica es lo mismo–, acudieron al juzgado. Eso fue lo que hicieron los particulares y empresas con concesiones en la marisma de Carasa (Voto). La Audiencia Nacional resolvió y, en contra de lo que pensaban, dio la razón al Ministerio. Thomas apunta que la sentencia no solo daba por bueno desautorizar esas prórrogas, sino que suponía dejar sin efecto las que sí se concedieron en 2018 y 2019, durante los años de Gobierno del PP.
En esos dos años, por ejemplo, se renovaron las autorizaciones para el Abra del Pas (entre otras la del campo de golf de Cantur), varios campings de Oyambre, concesiones de suelo a conserveras de la comarca del Asón o grandes industrias del entorno de la bahía de Santander como Ferroatlántica o Equipos Nucleares. «Esa sentencia ponía en la picota todas ellas», insiste Thomas.
Sin embargo, parece que la Justicia se ha pronunciado de forma contradictoria en otros casos. Los afectados de Cantabria explican uno de Murcia:en la Audiencia Nacional los jueces también dieron la razón al Ministerio, pero después el Tribunal Supremo resolvió un recurso en el sentido contrario, por lo que cambia la doctrina al respecto.
Parece que esa respuesta del Supremo respalda la tesis de los afectados en la región, pero por si acaso celebran la iniciativa de Cantabria de ir este martes al Congreso para matizar los artículos 32 y 66 de la Ley de Costas.
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