Cantabria contempla como «un desafío» la posibilidad de aulas con 15 alumnos

Organizar el próximo curso escolar entraña decenas de preguntas: ¿Cómo combinar las docencias presencial y telemática? ¿Cómo gestionar la convivencia en aulas, pasillos o laboratorios?¿Qué hacer en el recreo?... El Gobierno trabaja con las autonomías para responder a los interrogantes. De momento, parece claro que se limitará el número de alumnos por aula para la docencia presencial –con todo lo que esto conlleva–, pero ¿a cuántos? Una de las posibilidades que se baraja es 15.

La consejera de Educación, Marina Lombó, recuerda que las futuras ratios obedecerán «a criterios sanitarios» y que será por tanto la autoridad sanitaria la que las fije. Si finalmente quedase en 15 alumnos por aula, Lombó es clara: sería «un desafío sin precedentes para el sistema educativo y conllevará muchísimas dificultades», augura. «Será difícil para la Administración gestionar ese escenario, también para los docentes, que habrán de compatibilizar la docencia presencial con la no presencial, y, por supuesto, para las familias, porque las conciliación será muy, muy complicada en los próximos meses».

Al mismo tiempo, Lombó matiza: hay que contemplar las singularidades del entorno rural; las ratios «significativamente más bajas» de Cantabria, y el hecho de que esas ratios también han de estar en relación con el espacio disponible. «En la práctica, lo que se está diciendo es que en el espacio donde hoy hay 25 alumnos podrá haber 15, pero esto también supone analizar de qué espacio dispone cada aula, aunque no lleguen a ese número», avanza. Para concretar medidas, lo primero es conocer el detalle del protocolo sanitario. Con todo, las medidas conllevarán cambios profundos: «Será difícil, pero no queda otra que adaptarnos y adaptar nuestros colegios e institutos para que los alumnos continúen con sus aprendizajes», dice Lombó.

Educación tiene otros frentes abiertos. La comunidad entrará en la fase 2 del plan de desescalada, como pronto, el 25 de mayo. Aún es una hipótesis, pero, en esa fase el plan del Ministerio de Sanidad incluye otra posibilidad: que vuelvan a las aulas los alumnos de Educación Infantil (menores de hasta 6 años cuyos progenitores acrediten que trabajan de forma presencial sin poder flexibilizar sus horarios); los de 4º de ESO; 2º de Bachillerato o los que cursen segundo en FP (grados Medio y Superior), entre otros. El regreso conllevaría la apertura de casi todos los centros educativos y activar servicios de comedor o transporte. La consejera ya ha comentado que no entraba en sus planes la inclusión en este regreso voluntario de la etapa de Infantil.

¿Qué hacer? Educación solicitará a las familias que indiquen si sus hijos volverán a las aulas. La Consejería tendría así un «número sobre el que basar las medidas de distanciamiento social y seguridad necesarias y sobre las que se trabaja ya». Educación prevé enviar esta semana un cuestionario a los centros para que, a su vez, los remitan a las familias. «No nos puede coger esta situación sin un plan», incide Lombó.

La estimación es decisiva para acabar de armar las medidas organizativas y de protección, y que ese regreso, si se produce en los plazos que prevé el Gobierno, sea «con las máximas garantías sanitarias para el alumnado, profesorado y el personal de los centros». Y, a la espera de que los Ministerios de Sanidad y Educación hagan protocolos, la Consejería ha activado un comité técnico para adaptar a los centros las exigencias sanitarias.

Lombó, vía telemática, trasladó este martes el asunto a la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, TU, CC OO, UGT y CSIF). «Hemos salido de la reunión más preocupados de lo que entramos», resumía Belén González, su presidenta y delegada de STEC. La Junta rechaza el regreso del día 25. «Es inviable». ¿Por qué? «Vemos riesgos sanitarios grandes, y vemos problemas organizativos», indicó González, y se refirió a que desconocen el tipo de protección que usarán docentes y personal de centros, a cómo funcionarán los servicios... y a que se suspende de modo abrupto el trabajo telemático.

La Junta pide una reunión del comité de prevención de riesgos laborales, y que los docentes entren en el comité técnico. Y González propone a Lombó que se plante: «No se entiende que teniendo competencia educativa, siga totalmente lo que diga el Ministerio». Para el año próximo, González tiene claro que la situación requerirá más docentes y la reducción de cupos: «Lombó tiene que ser valiente y generosa».