Cantabria dará este año el permiso de construcción a otros cinco parques eólicos tras El Escudo

Lo confirma el consejero de Industria, Eduardo Arasti. Una vez que el más importante de ellos por número de aerogeneradores y capacidad de producción, el de El Escudo, ya tiene todos los parabienes y cuenta con vía libre para comenzar su construcción, los seis restantes están a punto de superar los dos últimos hitos del largo proceso administrativo que deben seguir estos expedientes. El de Bustatur, al tener inicialmente una potencia superior de 50 megavatios (por exigencias ambientales) lo tramita el Estado, pero los otros cinco (Cuesta Mayor, Somaloma, Alsa, Campo Alto y La Costana), que se gestionan desde el Gobierno de Cantabria «tendrán autorización de construcción antes de fin de año». «Eso es lo que esperamos, que tengan todos los permisos antes de 2024», insiste Arasti. El consejero apunta, que al mismo tiempo que la Dirección General de Industria tramita en estos dos meses la licencia de construcción, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) está también analizando los expedientes de ocupación de suelo rústico, por lo que ambos vistos buenos podrían llegar de forma casi simultánea.

La Crotu no depende de la Consejería de Industria, sino de la de Fomento. Su titular, Roberto Media, confirmó el lunes, cuando dio a conocer que El Escudo ya tenía vía libre, que la intención de Urbanismo es trabajar con mucha más agilidad que hasta ahora en este tipo de expedientes. Que no puede ocurrir como con El Escudo, que una empresa esté 21 meses a la espera de la respuesta de la administración. Además, ya adelanta que, si un proyecto eólico como estos seis que están en cartera tiene todos los informes urbanísticos y ambientales favorables, la Crotu no será un impedimento para que salga adelante y comience a producir energía renovable. Arasti detalla que, una vez que los promotores tengan estos dos permisos que avanzan en paralelo, las empresas dispondrán de 18 meses para realizar la obra, por lo que todos estos parques estarán generando electricidad a lo largo de la legislatura.

Si nada se tuerce, se podrá hablar por fin de un despegue de la energía eólica en la comunidad autónoma con la puesta en funcionamiento de 60 nuevos aerogeneradores que sumarán 262,6 megavatios, una potencia para abastecer a cerca de 250.000 hogares. En cualquier caso, la región alcanzará como máximo solo un tercio de la potencia eólica que pretendía su Plan Energético.

Frente a provincias limítrofes como Burgos y Palencia, dos de las que van más avanzadas, Cantabria había perdido en la última década la estela del desarrollo eólico y no veía como se levantaba un nuevo molino desde 2008, cuando se instaló en Soba el único parque eólico de la comunidad autónoma. Desde entonces han pasado muchas cosas.

Además de la crisis económica, el otro factor que contrajo la iniciativa empresarial fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que paralizó el Plan Eólico de 2009 y que obligó al Gobierno regional a indemnizar (más de 3 millones de euros) a las empresas que entonces se subieron al carro. Ahora, el marco normativo parece más claro. El consejero Arasti pretende aprobar en 2024 el nuevo Plan de Sostenibilidad Energética partiendo del borrador que dejó hecho su antecesor, Javier López Marcano, y que a la vez se basa en el que ya sacó adelante Arasti en su anterior etapa en Industria (2011-2015). Con los 700 megavatios máximos de potencia eólica que fija aún habría margen para la instalación de nuevos parques más allá de los siete previstos. De hecho, el Gobierno cántabro ya adelanta que hay seis proyectos que están moviendo papeles y que suman otros 156 megavatios. Trabajan con un escenario de medio-largo plazo porque, al contrario que los anteriores, aún están en las primeras fases (cinco en información pública y uno esperando a ver si logra la autorización ambiental).

Junto a la normativa urbanística y ambiental está la fiscal. Si sale adelante el Presupuesto de 2024 habrá también un nuevo canon que deberán asumir las empresas eólicas. El anterior, que elaboró el exconsejero Gochicoa, lo tumbó el Ministerio porque incurría en un caso de doble imposición, ya que gravaba la producción, un concepto por el que las eléctricas ya pagan al Estado. El nuevo, en cambio, grava las «afecciones e impactos visuales y ambientales sobre el medio natural y el territorio». ¿Cómo? Hay distintos baremos dependiendo del tamaño del parque.

Por ejemplo, si tiene menos de tres aerogeneradores, la empresa deberá 3.300 euros fijos al año por cada molino más 9 euros por cada metro de altura del aerogenerador. Las cuantías llegan a triplicarse a medida que crece el parque. Ese dinero irá a los municipios afectados -antes se lo quedaba la región- para financiar programas y actuaciones que favorezcan a los vecinos.