Cantabria reclama en la Audiencia Nacional los 45,5 millones que el Estado le debe del IVA

De la presentación de la demanda ha informado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha pedido que «se pague» aquello que «es de justicia». En su comparecencia ante los medios para dar cuenta del 'Plan de Navidad' frente al covid-19, el jefe del bipartito ha comparado este proceso con el seguido para reclamar al Estado el pago de la deuda por las obras del Hospital Valdecilla, pleito en el que el Supremo acaba de dar la razón a Cantabria.

Esta reclamación judicial del Ejecutivo cuenta con el respaldo de todo el Parlamento, que en febrero aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno cántabro a usar todos los instrumentos legales para conseguir el dinero. La iniciativa también fue apoyada por el PSOE cántabro, lo que contrastó con el voto de la senadora socialista cántabra Isabel Fernández, que se pronunció en dos ocasiones en el Senado en contra de la devolución de esa cantidad a la región. La senadora también argumentó que esos 45 millones no se devolverían pero que Cantabria tendría compensaciones.

En un documento de 39 páginas los servicios jurídicos del Gobierno argumentan los perjuicios que ha supuesto para la Comunidad Autónoma el impago de la mensualidad de IVA que se produjo en 2017, como consecuencia de una modificación legal cuya repercusión no se conoció hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.

El recurso formalizado en la Audiencia Nacional constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses que procedan por los «daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera», dado que la modificación normativa que provocó el impago «ha afectado de forma directa a los ingresos de la Comunidad Autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación».

En este sentido, la Administración regional aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, «lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera abocada a la situación actual».

También considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el Real Decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, «al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas».

El Gobierno de Cantabria formaliza esta demanda después de ver ratificada por la Tribunal Supremo la que presentó para reclamar la anualidad de Valdecilla impagada por el Estado en 2016.