Cantabria descarta prorrogar el toque de queda tras el fin del estado de alarma

En el caso de Cantabria, salvo que se produzca un cambio de criterio 'in extremis', ambas restricciones serán cosa del pasado. Hay que esperar a ver lo que dice este miércoles Salud Pública, porque este martes Miguel Ángel Revilla no contribuyó a despejar las dudas. Más bien todo lo contrario. El presidente confirmó que, como Asturias y Castilla y León –entre los territorios limítrofes, el País Vasco es el único en la posición contraria–, Cantabria no tenía dudas de permitir a partir del próximo domingo la libre circulación a un lado y otro de sus fronteras, pero no era tan categórico a la hora de fijar una postura sobre el toque de queda. Pasaba la patata caliente a la Consejería de Sanidad.

Decía que si el equipo de Miguel Rodríguez lo propone, los Servicios Jurídicos se pondrán manos a la obra para buscar el mecanismo legal. Horas después, el propio Gobierno daba un giro de 180 grados al argumento y subrayaba que el bipartito «ni quiere, ni puede» mantener el toque de queda por los impedimentos legales. Lo más paradójico de todo es que hay comunidades autónomas que ven menos impedimentos. Al menos lo van a intentar, como es el caso de Baleares, Valencia o Castilla-La Mancha, entre otras.

Sería una gran sorpresa que este miércoles Sanidad rectificara la propia rectificación, pero lo cierto es que, atendiendo a la legislación ordinaria, este departamento será el competente para gestionar la pandemia y no el jefe del Ejecutivo, como ocurría durante el estado de alarma. Salud Pública analizará la situación, decidirá si hay que introducir nuevas medidas y posteriormente lo comunicará en una rueda de prensa.

Si entiende que el toque de queda no es necesario, no hay más que hablar. Se acabó el debate. A partir de la medianoche del sábado al domingo cualquier persona podrá estar en la calle sin miedo a ser multada. Como está fijado entre las 23.00 y las 06.00 horas, se crearía una situación curiosa: entre las once y las doce de la noche del sábado todo aquel que no tenga una causa justificada tendrá que estar en casa, pero de ahí en adelante, a partir de las 00.00 horas del domingo, no habría ninguna norma en vigor al respecto.

Más compleja es la otra cara de la moneda. Si la propuesta de Sanidad –contra todo pronóstico– consiste en mantener el toque de queda, el Gobierno tendrá que intentar conseguir la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), pero no tiene garantías de que reciba el visto bueno. Lo que tiene claro el Ejecutivo regional es que quiere evitar el conflicto entre ambos poderes. Para esta o para otras medida de cualquier naturaleza. Quiere evitar que una restricción de este tipo sea echada atrás al día siguiente por los tribunales, como ocurrió recientemente en el País Vasco.

Por eso Revilla anunció este martes que habrá una coordinación con el órgano judicial. Antes de publicar la orden en el Boletín Oficial de Cantabria, hará una consulta previa al TSJC y sólo si la respuesta es positiva continuará el proceso. «No podemos tomar una iniciativa, a expensas de que luego la aprueben o la rechacen», entiende el presidente.

Y en cualquier caso, todavía habría una instancia superior. No es el plan B que pedía la oposición y varios mandatarios regionales, pero el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto para permitir a las autonomías recurrir en casación ante el Tribunal Supremo de forma inmediata si los respectivos tribunales superiores de justicia tumban sus restricciones, al entender que medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales afectan a derechos fundamentales y no se pueden hacerse sin el paraguas del estado de alarma.

Los Servicios Jurídicos de Cantabria ven difícil que los tribunales permitan mantener el toque de queda, aunque no dejarán de explorar las opciones si lo pide Sanidad. De hecho, la Fiscalía de Baleares, la primera en pronunciarse, ya se ha negado. El fin del estado de alarma no afectará en ningún caso a las restricciones en la hostelería, que continuarán vigentes.

El fin del estado de alarma implica el fin del cierre perimetral y del toque de queda. Será así salvo que las autonomías hagan algo para impedirlo. En cualquier caso, aunque muchas se han pronunciado a favor de mantener una o ambas restricciones, la decisión requiere del visto bueno de los tribunales superiores de justicia de cada una de ellas. Si este órgano no es favorable, tendrán la opción de recurrir ante el Supremo. El 9 de mayo decae también la limitación del número de personas que se pueden reunir en hogares.

El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, apuntó ayer que el lehendakari Urkullu le ha comunicado que mantendrá el cierre perimetral del País Vasco, por lo que esta será la única comunidad autónoma limítrofe con Cantabria que previsiblemente mantenga clausuradas sus fronteras para todas aquellas personas que no tengan una causa justificada.

El Principado de Asturias aliviará algunas de sus restricciones más duras incluso antes del domingo. Actualmente los concejos con mayor incidencia están cerrados perimetralmente y su hostelería sólo está permitida en terrazas. El Gobierno de Adrián Barbón prevé cerrar solo zonas muy localizadas y con aval judicial.

El Govern de Francina Armengol aboga por mantener el toque de queda. Para ello estudia aprobar un decreto que prorrogue esta limitación con una consulta previa al Tribunal Superior de Justicia. Hasta ahora los jueces no le han tumbado ninguna medida. También quiere exigir PCR negativa a viajeros de otras comunidades.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, fue uno de los que más celebró el anuncio del fin del estado de alarma. Aun así, su equipo estudia cuáles de las restricciones puede mantener a partir de la próxima semana y, como Baleares, hace hincapié en los controles sanitarios en puertos y aeropuertos para atajar el avance del virus.

La Junta de Castilla y León critica que el Gobierno central «vuelva a pasar la pelota» a los gobiernos autonómicos. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco tiene previsto mantener el sistema de semáforo que utiliza para restringir el aforo y los horarios en comercios y bares, especialmente en las zonas con mayor afección del virus.

Emiliano García-Page dejó claras sus intenciones tras el fin del estado de alarma: levantar el cierre perimetral de la comunidad, pero mantener el toque de queda entre las 00.00 y las 06.00 horas. El mandatario socialista reclamó también al Gobierno central un «paraguas constitucional» que cubra a todas las comunidades.

«Las comunidades estamos maniatadas». Juanma Moreno continúa pidiendo un marco normativo nacional, pero empieza asumir el horizonte. La Junta se resigna al fin del toque de queda, aunque continuará restringiendo horarios de actividades y prevé consultar a la Justicia para poder cerrar municipios con alta incidencia acumulada.

Aragón confía en la ley autonómica que entró en vigor en diciembre. La norma impulsada por Javier Lambán prevé confinamientos perimetrales de localidades, comarcas o provincias sin necesidad de estado de alarma, siempre que así lo respalden las Cortes. Fuera quedarían tanto el cierre autonómico como el toque de queda.

«No creo que tenga que decaer aún». El socialista Ximo Puig, presidente de la comunidad con menor incidencia del país, no es partidario de levantar el toque de queda. Es más, la Generalitat aboga por mantenerlo más allá del 9 de mayo, aunque sí quiere poner fin a los confinamientos perimetrales y reabrir los límites entre comunidades.

La Comunidad de Madrid, que ayer celebró elecciones autonómicas, sigue sin concretar su hoja de ruta. La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria públicamente de zanjar el toque de queda. Eso sí, seguiría habiendo restricciones horarias en establecimientos como los bares, que cerrarían a las 23.00 horas.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Fernando López Miras continúan analizando el margen de maniobra tras el 9-M. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ni siquiera descarta mantener el cierre perimetral, a diferencia de lo que anunció ayer mismo Valencia, una de las comunidades autónomas limítrofes.

El Govern adelantó la semana pasada su intención de aprobar un decreto que permitiera mantener los toques de queda sin estado de alarma. Sin embargo, la consellera Budó descartó el lunes aplicarlo si continúa la tendencia a la baja de la pandemia. Ayer, la Generalitat también decidió que desistirá del confinamiento perimetral.

La Junta de Extremadura considera que las autonomías tienen herramientas «suficientes» para seguir controlando la pandemia. El Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara apuesta por zanjar el estado de alarma y decidir las medidas en el Consejo Interterritorial, aunque no se moja en torno a esas decisiones.

El equipo de Alberto Núñez Feijóo asume que el fin a la legalidad excepcional supondrá el levantamiento del toque de queda y el fin del cierre perimetral. La Xunta se había preparado para este escenario con una ley autonómica que, sin embargo, está suspendida por el recurso del Gobierno central al Tribunal Constitucional.

El Gobierno de La Rioja adelantó ayer que diseña un plan con cuatro escenarios en función de la situación epidémica. Solo el de mayor peligro, con una incidencia acumulada que no ha sido determinada, implicaría la restricción de derechos fundamentales, aunque seguiría estando supeditada a su ratificación judicial previa.

El Ejecutivo foral trabaja en una fórmula jurídica para aplicar restricciones una vez que decaiga el estado de alarma. Se trataría de una alternativa similar a la que usó en octubre, cuando los jueces avalaron el confinamiento perimetral de la comunidad incluso antes de que entrara en vigor la excepcionalidad legal.