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Daniel Martínez
Santander
Lunes, 25 de noviembre 2019, 07:10
El debate político de las últimas dos semanas en Cantabria ha girado en torno a los Presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. Primero, con nueve ruedas de prensa de otros tantos consejeros para dar a conocer los números de su ... departamento y después con sus comparecencia en el Parlamento de Cantabria. Por un lado, horas y horas de explicaciones por parte del Ejecutivo PRC-PSOE para demostrar que son las cuentas que impulsarán a la región y blindarán sus servicios públicos. Por otro, decenas de preguntas y críticas por parte de los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox), que creen que consolidan las subidas de impuestos de ejercicios anteriores, que son irrealizables porque los ingresos están inflados y que no contribuyen a activar la economía y el empleo. Pero, ¿qué son los Presupuestos? La titular de Economía y Hacienda, María Sánchez, ha repetido en diversas ocasiones que unos Presupuestos son la «expresión cifrada de la voluntad política» del bipartito. La idea de lo que quieren hacer plasmada en una ley, pero no obligatoriamente lo que van a hacer.
Más allá de la intención, para ver cuánto de lo que ahí se recoge se convierte en realidad hay que observar los grados de ejecución. Cuántos millones de los que estaban destinados a sueldos se han gastado, si el dinero reservado para gasto de farmacia ha sido suficiente, si lo que se preveía que iba a llegar en impuestos acaba en la caja... Hay variables que son relativamente fáciles de anticipar, como los gastos corrientes (los recibos que hay que pagar para que funcionen las sedes gubernamentales, por ejemplo) o los de las nóminas públicas. En otras, depende de la capacidad de gestión de las administraciones, pero también del contexto económico. Pasa con el capítulo de inversiones reales, que corresponde a reparación de infraestructuras u obras nuevas. Pues bien, de los casi 180 millones de euros que el Gobierno de Cantabria presupuestó para este año, hasta el pasado 31 de octubre tan sólo había utilizado 82, según el último informe de la Intervención General de Cantabria.
De los últimos tres años
Esto supone que las consejerías no han empleado, a falta de dos meses para que termine el año, el 55% del dinero que podían utilizar para mejorar ambulatorios, pavimentar caminos o actuaciones de abastecimiento de agua. Un porcentaje que, a priori, hace difícil pensar que al terminar el ejercicio, antes del 1 de enero, se alcance el 100%. Es decir, que ese dinero volverá a la caja común o se utilizará para cubrir capítulos en los que el presupuesto estimado inicialmente se ha quedado corto.
El Gobierno de Cantabria, ya antes de que el Parlamento regional le instara la pasada semana a reducir el periodo de pago medio a proveedores por las consecuencias que la morosidad pública tiene en la economía de pequeñas y medianas empresas o autónomos, ya se había puesto como objetivo reducir esta tasa, que actualmente está en 82,49 días. Es decir, que desde que le suministran un bien o servicio hasta que hace el ingreso, pasan casi tres meses. De esta forma, la región es la que más se demora de España, sólo por detrás de Murcia. En cambio, otras como Galicia –la más cumplidora–, sí acatan de sobra el límite que marca el Estado de 30 días. De no bajar también Cantabria hasta ese nivel, el Ministerio de Hacienda podría tomar cartas en el asunto e imponer medidas.
En cualquier caso, hay grandes diferencias entre los distintos organismos que conforman la administración regional. El que eleva sustancialmente la media –por su desviación y también por su peso específico por el gran volumen de dinero que mueve– es el Servicio Cántabro de Salud (SCS), cuyo periodo de pago a proveedores es de 103,88 días. Nada más tomar posesión el nuevo consejero del área, Miguel Rodríguez, reconoció que existe un problema con la factura farmacéutica y anunció su intención de poner remedio cuanto antes. De hecho, en las cuentas que se acaban de presentar esta partida crece por encima de la media.
No es el único ente público que paga con retraso. Como se ve en la tabla superior, tampoco hacen los deberes el Servicio Cántabro de Empleo, el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Centro de Investigación del Medio Ambiente, la sociedad limitada El Soplao, la Fundación Marqués de Valdecilla, el Hospital Virtual Valdecilla, la empresa pública Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía (MARE) la Sociedad de Activos Financieros Campus Comillas y la de Educación, Cultura y Deporte. El Mupac no presentó sus datos en octubre.
Ese dato fue uno de los que sacaron a relucir durante las comparecencias en la Comisión de Economía y Empleo los portavoces de la oposición para echar en cara al bipartito que no vale de nada presumir de unos presupuestos si finalmente no se van a llevar a cabo. Por eso, los diputados populares, pero también los de Ciudadanos y Vox, decían que el recorte del 9% en las inversiones reales por parte del Ejecutivo sería mayor: esa caída que ya prevé el Gobierno en sus cuentas, y la que se deriva de la no ejecución de esas cuentas en su totalidad, que ya anticipan desde la oposición si se repite el mismo escenario que este ejercicio.
Frente a los porcentajes de ejecución de los presupuestos, y más concretamente de las inversiones, que echaron en cara al bipartito algunos de los diputados regionales, la consejera de Economía y también el de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, tenían otro alternativo. Ambos hablaban de que en los primeros diez meses del año se había utilizado ya el 76% del dinero presupuestado para infraestructuras, un dato sustancialmente distinto que sí indicaría un ritmo de ejecución más que aceptable, casi parejo al avance del calendario. Es decir, que no sería difícil rozar el 100% el 31 de diciembre.
hasta el 31 de octubre
Entonces, ¿quién tiene razón y quién se equivocaba? Tanto la oposición como el Gobierno extrajeron sus números de la misma fuente, del informe de la Intervención General. Lo que ocurre es que miraron apartados distintos. Los primeros, se fijaron en las 'obligaciones de pago', que es el dinero que ya está comprometido para hacer frente a esos gastos –en este caso en inversiones, pero también en otros capítulos–. Es la referencia que utiliza el Estado y la mayoría de organismos para fijar el grado de ejecución de un presupuesto. En cambio, los consejeros se quedaron con el porcentaje de 'disposiciones', que es más elevado. Este corresponde al dinero que, como su nombre indica, ya está preparado para ser empleado. Es probable que llegue a ejecutarse durante el ejercicio, pero no siempre es así, por lo que no resulta tan fiable. Esa es su referencia. Pese a todo, la ejecución en inversiones mejora respecto a otros ejercicios a estas alturas del año:42% en 2016, el 39% en 2017 y el 38% en 2018.
Por consejerías, hasta el 31 de octubre, la que tenía un mayor grado de ejecución de su presupuesto inicial –no sólo de inversiones, también en gastos de personal, gastos corrientes o transferencias a entidades públicas o privadas– era la de Educación (84,7%), mientras que la que menos había cumplido con sus planes iniciales y había usado menos dinero del disponible era Industria (35,2%).
El mismo estudio también permite comprobar el avance de las cuentas en cuanto a los sueldos públicos. Inicialmente se reservaron 919 millones de euros. Esa cifra se incrementó hasta los 926 durante el ejercicio con ampliaciones de crédito y transferencias de otras partidas. A falta de dos meses para que acabe el año se han consumido 795 (85,8%). O sea, que quedan 129 millones para dos mensualidades y una para extraordinaria: en total, rondará los 200 millones de euros. Ningún empleado público se quedará sin cobrar, pero el Gobierno que tendrá que sacar dinero de otros capítulos para cubrir este desequilibrio.
Hasta ahora, también hay desequilibrio entre los ingresos y gastos. Han entrado 2.155 millones y han salido 2.267. De seguir este ritmo, no se conseguiría el objetivo de acabar el año sin déficit o con un déficit testimonial.
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