Cantabria elimina la cita previa obligatoria en las oficinas de atención de todas las consejerías

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, dio ayer la orden a todos los departamentos durante el Consejo de Gobierno de que «procedan de inmediato» a adoptar las modificaciones necesarias para hacer realidad esta medida y permitir así que la persona que quiera ser atendida en una oficina del Ejecutivo pueda acudir directamente sin necesidad de pedir su turno antes por teléfono o a través de internet.

Como ocurría antes de marzo de 2020, ya sea inscribirse como solicitantes de empleo, solicitar un permiso en los cotos de caza o pesca o pedir un duplicado de una cédula de habitabilidad de una vivienda. Lo que ha dicho exactamente el Gobierno de Cantabria es que eliminará la «obligatoriedad» de la cita previa, pero no necesariamente que aquellos ciudadanos que lo deseen no puedan seguir utilizándola. Habrá que ver cómo y en qué servicios.

Buruaga se ha comprometido a pasar del papel a la práctica el 100% del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 28M. En esta materia, los populares afirmaron que la cita previa no podía ser «la única forma de acceso del ciudadano a su relación con la administración» y también que garantizarían la «demora cero» en los casos en los que sí hubiera que mantener esta solicitud de cita previa. Con esta medida, el Ejecutivo presume de «mejorar el servicio público bajo los principios de publicidad, transparencia, simplificación de procedimientos y servicio a los intereses generales».

De hecho, uno de los objetivos transversales que se marca el Gobierno es abordar la simplificación de la relación con la Administración y la reducción de la carga burocrática. Aunque el fin de la cita previa está lejos de colmar las expectativas generadas en esta materia -desde el sector empresarial están confiados en que se eliminen las trabas para generar economía y empleo-, el Ejecutivo señala que esta acción va encaminada hacia esa meta.

Además, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la convocatoria de subvenciones para el año 2023 destinadas a servicios regulares interurbanos de transporte público de viajeros que discurran por zonas rurales de la región. La línea de ayudas, que busca sufragar el déficit de explotación y, con ello, garantizar la movilidad sostenible en Cantabria, tendrá una cuantía de 1,4 millones de euros y la gestionará la Consejería de Fomento, que también aprobó ayer una segunda convocatoria de subvenciones por importe de 2,9 millones que se repartirán entre entidades locales para que desarrollen proyectos de implantación, ampliación o mejora de la recogida separada de biorresiduos. El dinero está destinado a instalaciones específicas de tratamiento biológico en aquellos municipios que tengan asumida la recogida de residuos domésticos.