Cantabria encadenará en 18 meses tres normas distintas para construir casas en suelo rústico

El respaldo de PP, PRC y Vox a los cambios promovidos por la Consejería de Fomento que dirige Roberto Media propiciarán que Cantabria vaya a acumular en solo 18 meses hasta tres normas distintas. En realidad, como defendió el titular del departamento, esta última modificación supone en gran parte volver a la regulación que estuvo vigente desde 2012 hasta 2022, un modelo «que funcionaba» y «cuya bondad es reconocida por la inmensa mayoría de los responsables municipales, que son los que conocen la realidad de sus vecinos». «Hay un clamor de los alcaldes, de todo signo político, para que corrijamos la ley», insistió Media, que animó a los regidores del PSOE a hacer uso de la capacidad que les otorga la ley de prohibir o limitar -respecto a la base que fija el Gobierno regional- la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico. El consejero de Fomento se ofreció voluntariamente a explicar a los posibles alcaldes interesados cómo hacerlo, pero ya adelanta que está convencido de que ningún municipio lo solicitará.

¿Cuáles son los cambios? La anterior ley establecía que, una vez transcurridos los dos primeros años -ese plazo finalizaba en septiembre de 2024- que figuraban en la disposición transitoria del documento de Gochicoa, la construcción en rústico ya solo se podría acometer con las figuras de las áreas de desarrollo: en los municipios de menos de 5.000 vecinos con más facilidades y en los de más de 5.000 habitantes con más exigencias. Con la vuelta de tuerca que ahora introduce el PP para cumplir un compromiso «asumido durante la campaña electoral», se equiparan ambos tipos de localidades y se consagra el derecho del ciudadano a levantar una vivienda fuera del suelo urbano con menos trabas administrativas. Será mucho más fácil construir en rústico, aunque tampoco será un proceso automático porque, como ya ocurre hoy, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio (Crotu) tendrá que analizar el expediente y dar la autorización si no aprecia inconvenientes. Eso sí, el ayuntamiento no tendrá que aprobar ninguna figura urbanística porque le amparará la norma autonómica.

Además, se convierten en terrenos rústicos construibles los suelos que estén a 200 metros del núcleo urbano -salvo decisión contraria de un pleno municipal, se duplica la distancia porque antes eran 100 metros- y se elimina la exigencia de que la finca tenga unas dimensiones mínimas en el caso de los municipios en riesgo de despoblación. Media precisó que la ley consagra la construcción de casas, establecimientos turísticos, negocios de artesanía, campamentos o áreas de autocaravanas en suelo rústico ordinario, nunca de especial protección.

Según las estimaciones de los socialistas, con esta reforma el 80% del suelo de Cantabria será susceptible de cubrirse de ladrillo. Pero además de los efectos ambientales negativos sobre el paisaje y el medio ambiente, en el PSOE consideran que no servirá para solucionar el problema de despoblación en el mundo rural ni llevará actividad económica a los pueblos. «Nuestros modelo se basa en preservar el suelo rústico para el sector primario y en un desarrollo sostenible. Es pan para hoy y hambre para mañana. No se trata de impedir el desarrollo, sino de regularlo», apuntó la portavoz socialista en la materia, Eugenia Gómez de Diego.

La exconsejera también lamentó que este cambio legal «de gran calado» se haga a través de la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, no con un debate propio como cualquier iniciativa legislativa normal. De hecho, por procedimiento, al estar incluida la modificación de la Ley del Suelo dentro del borrador de las cuentas, no requería ni siquiera el debate de ayer en Comisión. Si se hizo fue porque así lo exigió el PRC para firmar el pacto con el PP.

Los regionalistas dan por buena la reforma, pero ayer sí pusieron algún 'pero'. Por ejemplo, la eliminación de la tasa especial -esto también es una novedad- para aquellos propietarios que construyan en suelo rústico cuando no vayan a dedicar ese inmueble a vivienda habitual. El PRC considera que este pago era una forma de aportar al municipio por parte de aquellos que levantaran una casa de fin de semana y que no contribuyan a ampliar el padrón. Ahora, además de no aportar, pueden generar conflictos y gastos, porque aunque la norma dice que cada nueva casa tiene que ser autosuficiente -que el dueño lleve la luz, el agua o el camino-, en la práctica esto no siempre ocurre y «acaba pidiendo los servicios» al ayuntamiento. Pedro Hernando también sumó sus argumentos a Media al responder al PSOE que el modelo de construcción en rústico que llegó en 2012 no tiene nada que ver con el problema de las sentencias de derribo porque estas resoluciones judiciales son previas y todas ellas por construcciones en suelo urbano.

Media explicó que la modificación trae otros cambios como el nuevo canon a los parques eólicos. Además, desde enero el Consejo de Gobierno tendrá capacidad de declarar caducado un Plan Singular de Interés Regional (PSIR), algo relevante porque algunos llevan años en el cajón sin ninguna posibilidad de salir adelante y mientras los propietarios de los terrenos no pueden explotar o vender esas fincas pese a que saben que tampoco tendrán un uso futuro. El consejero también considera relevante el punto que establece que ya no será necesario que los dueños de nuevas viviendas tengan la cédula de habitabilidad -un trámite que se retrasa en ocasiones muchos meses- para contratar suministros, sino que bastará con un certificado de un funcionario, lo que evitará esperas.