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Durante los próximos seis meses, la Universidad de Cantabria presidirá el Grupo 9 de Universidades (G-9), un mandato que se turna cada semestre entre las nueve instituciones y que en esta ocasión coincide con un momento crucial para la enseñanza superior: la aprobación de ... la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Esta mañana, los rectores que forman parte de este grupo se han reunido en Santander para mantener una Asamblea General en la que, en el orden del día, estaba despedir al rector saliente (Antonio Hidalgo, de la Universidad de Extremadura) y oficializar el inicio del mandato del rector de la UC, Ángel Pazos.
En su primera intervención como presidente del G-9, Pazos ha mostrado su «preocupación» por la «insuficiente» financiación para las universidades públicas españolas que recoge el borrador del anteproyecto de la LOSU, que está «a punto de entrar en el Senado», y que carece, a su juicio, de los fundamentos necesarios para hacer frente a los cambios que propone. Por eso, ha pedido que se formalice un «compromiso claro» de mayor financiación antes de su aprobación.
¿De dónde surge este llamamiento? De la incongruencia que apuntan los rectores ante la narrativa de la propia norma, ya que, si bien las «exigencias» que se ponen sobre las universidades «son cada vez mayores», no lo son los fondos para hacerlas posibles, no al menos en la misma medida. «El borrador del anteproyecto contempla una serie de medidas que van a acabar generando un incremento de necesidad presupuestaria para las universidades», pero para el G-9, «los niveles de financiación para la universidad pública española no van acompasados con lo que se espera de ellas», sobre todo en un momento en el que se está apuntalando el futuro de la enseñanza superior con la tramitación de la Ley: «No solo no se ha reforzado la financiación sino que su actual articulado está descafeinada».
Flanqueado por el rector saliente (Hidalgo, de Salamanca) y el rector de la Universidad de Murcia, José Luján, -centro adscrito cuya incorporación se ha aprobado hoy, con lo que son ya 10 universidades aunque el grupo no cambie de denominación-, Pazos ha pedido un «compromiso claro» para incrementar los fondos: «Valoramos que las exigencias y lo que se espera de las universidades sea mayor, pero el nivel de financiación no acompasa. Teniendo en cuenta que está transferida a las comunidades autonómas, tiene que estar blindado».
El G-9 de Universidades está formado por aquellas universidades públicas que son las únicas en su comunidad autónoma: forman parte las de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Navarra, Oviedo, País Vasco y Zaragoza, y desde hoy, Murcia, que se suma como centro adscrito al Grupo. También se ha firmado un convenio de cooperación para cursos y actividades de extensión universitaria, de forma que se reconozcan a los estudiantes los créditos obtenidos en cualquiera de las universidades del grupo. Además, también se ha avanzado en el borrador del convenio para facilitar la movilidad del personal administrativo y de servicios entre las universidades integrantes y se ha abordado el Campus Digital Compartido, que permite que personas de todas las universidades accedan a cursos online de formación.
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