Cantabria exige al Ministerio más dinero para la descarbonización de Solvay

La planta de biomasa que va a sustituir a las calderas de carbón que alimentan a Solvay desde hace más de un siglo cuesta 250 millones de euros. El Ministerio ya ha anunciado una ayuda de 30 millones para la que será la mayor caldera de biomasa de todo el país. Una cantidad que en la empresa de Barreda y en el Ejecutivo cántabro consideran insuficiente. «Estamos esperando una mayor esfuerzo del Gobierno de España», reclamó esta misma semana Oliveira. Un mensaje que Arasti ha repetido por carta a la ministra de Transición Ecológica, con quien espera reunirse pronto: «Es necesario encontrar nuevas vías de financiación para el futuro de Solvay y para que se puedan instalar otros proyectos industriales que generen sinergias conjuntas».

Está previsto que la planta, que requerirá de una nueva chimenea de más de 60 metros de altura, reduzca 320.000 toneladas de dióxido de carbono al año, garantice el suministro de energía térmica a la producción de la fábrica y, a la vez, cubra los autoconsumos de la propia planta de biomasa, vertiendo a la red el excedente que se produzca. Al mismo tiempo, Solvay levantará otra instalación paralela que capturará otras 300.000 toneladas de CO2 anuales.

Pero la supervivencia de la fábrica de Barreda no será el único tema que el consejero de Industria pondrá sobre la mesa de la nueva ministra si llega a recibirle. Los problemas de la cogeneración también están en lo más alto de la lista de las reclamaciones de Cantabria.

El sector de la cogeneración lleva meses poniendo el grito en el cielo por la inseguridad jurídica a la que se estaba enfrentando ante la falta de una normativa clara sobre la retribución de este tipo de instalaciones que son un pilar fundamental para el funcionamiento de la industria. En Cantabria, por ejemplo, grandes complejos fabriles como el de Solvay en Torrelavega o Dynasol en Gajano se apoyan en esta herramienta para alimentar energéticamente sus exigentes procesos productivos.

Pero desde 2012 no se han convocado subastas de potencia, lo que ha impedido a las empresas poder invertir en nuevas plantas y en la renovación tecnológica de las ya existentes, prolongando así, su vida útil. La consecuencia es que el 25% de la cogeneración ya no recibe retribución regulada y se calcula que en dos años será el 40%.

Ante este panorama, Arasti planteará dos medidas a la ministra. La primera, que el Gobierno de España convoque ya las subastas de potencia para cogeneración previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía Clima, anunciadas en 2022. Y la segunda, prorrogar la vida útil regulatoria dos años más a las empresas que ya han cumplido el final de su vida útil.

El consejero cántabro también espera reunirse con el ministro de Industria, Jordi Hereu, para intentar poner coto al precio final de la energía que pagan las electrointensivas, de las que forman parte muchas de las implantadas en Cantabria, como Global Steel Wire, Ferroatlántica, Solvay, Reinosa Forgins, Bondalti, Birla Carbon y Nissan, entre muchas otras.

Estas industrias pagan la energía al triple de coste que en Francia y el doble que en Alemania, por ejemplo. Por eso, Arasti propondrá a Hereu que dedique el 25% de lo recaudado por las emisiones de gases de efecto invernadero a ayudas estas empresas. Este porcentajes es el máximo que permite la legislación europea, tal y como hacen Francia y Alemania, en vez del 8,3% que destinan actualmente en España. «Hay que compensarlas por el coste del CO2 indirecto», señaló el consejero.