Cantabria facilitará a los municipios la revisión de los contratos de obra

El pasado 13 de abril, el Ejecutivo cántabro activó una herramienta similar que afectaba únicamente a las obras de la Administración regional. Legalmente, no era posible involucrar también a los ayuntamientos, como pedían tanto la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) como algunos alcaldes ante el riesgo de que los nuevos concursos quedaran desiertos y de que los que estaban a punto de ejecutarse se retrasaran. Ahora, la Consejería de Obras Públicas está en disposición de responder a esta demanda. Para ello, ha remitido al Parlamento de Cantabria una proposición de ley que será analizada por los grupos y, si como parece previsible ninguno de ellos pone pegas, podrá entrar en vigor este mismo mes de junio. Para el departamento que dirige José Luis Gochicoa supone un paso muy importante, que se suma a la única alternativa legal que había podido implementar hasta ahora para ayudar a los consistorios: prorrogar durante tres meses el plazo de licitación de las obras ya ofertadas.

Esta ley, que se tramitará de urgencia, permitirá a los plenos municipales adherirse al mecanismo de revisión de precios que ya existe a nivel nacional y regional. Desde el Gobierno entienden que será especialmente importante para los ayuntamientos de gran tamaño, que tienen un mayor volumen de inversiones. La medida anterior es de tipo burocrática y no tendrá ningún coste económico para Obras Públicas, pero sí otra que se desarrollará de manera paralela. La idea es incrementar las cantidades del Plan de Inversiones Municipales, que incluye actuaciones cofinanciadas por las administraciones autonómicas y locales. «Tendrán ese dinero adicional para gastar y para que puedan asumir así el incremento de los costes. En el mismo decreto, también les flexibilizaremos las fórmulas para justificar los gastos ante el Gobierno de Cantabria», insiste el regionalista, que entiende que con este conjunto de acciones el riesgo de huida de las empresas constructoras desaparece.

En cuanto a las obras que dependen directamente del Ejecutivo autonómico, Gochicoa asegura que «ya no hay ninguna en peligro» gracias a la revisión de los contratos de las constructoras que trabajan con la Administración. Además, recuerda que las firmas que trabajan con el Gobierno se están beneficiando también de la exención de la tasa del 4%, que se ha eliminado junto a otros 40 tasas y precios públicos con una reforma legal que estará en vigor hasta el próximo 31 de diciembre.

El mecanismo de revisión de precios -se hace de acuerdo a un índice que publica mensualmente el Gobierno de España, para que no haya alzas injustificadas- lo tienen que solicitar las empresas y, posteriormente, es el Gobierno regional quien acepta el procedimiento. Obras Públicas apunta que son muchas las adjudicatarias que ya han solicitado iniciar este procedimiento. Ha ocurrido, por ejemplo, con uno de los proyectos más importantes en el horizonte, la nueva carretera Viveda-Duález, adjudicada a SIEC por 5,8 millones. Gracias a este mecanismo, la Consejería asegura que los trabajos podrán comenzar en las próximas semanas.