Cantabria firma un Pacto por la Justicia para que tenga «más medios» y sea «más ágil y eficaz»

El acuerdo también contempla la construcción y mejora los edificios judiciales junto al compromiso del Ejecutivo cántabro de aprobar un plan de inversión en infraestructuras calendarizado para los próximos cinco años para solucionar la falta de espacio físico.

Entre las actuaciones previstas en el Pacto se recoge una nueva sede para los Juzgados de Laredo y para el Instituto de Medicina Legal, la ampliación de Las Salesas, espacios para la protección o espera de testigos y víctimas especialmente vulnerables, renovación de los calabozos y adecuación de las dependencias del Palacio de Justicia de la Calle Alta y el denominado Edificio Europa de Santander, así como un estudio de alternativas para la reordenación de las sedes judiciales de la capital.

Por otra parte, prevé invertir 6,6 millones en la digitalización de la Administración de Justicia y del Registro Civil y en la modernización de los juzgados de paz y la implantación completa del sistema de gestión Vereda.

El Pacto para la Justicia lo han firmado en la sede del Gobierno la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC); José Luis López del Moral; la fiscal superior de la comunidad y futura vocal del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ), Pilar Jiménez; y los representantes de los colegios profesionales de abogados, de procuradores y de psicólogos, así como del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

«Estamos ante un acuerdo de legislatura sin precedentes en Cantabria que llega para revertir el deterioro de la Administración de Justicia, hacer que funcione de manera más ágil y eficaz, y dotarla de más y de mejores medios», apuntó la presidenta regional. Además, según dijo, este Pacto, «que es vivo y dinámico y no supone un punto y final», llega en un momento «crucial» en el que «tenemos que defender la Justicia más que nunca» frente a quienes «ponen en jaque nuestro Estado de Derecho con sus ataques a la independencia de jueces y magistrados y el cuestionamiento de las resoluciones judiciales».

Dentro de los compromisos recoge consensuar una propuesta para promover ante el Ministerio de Justicia un Plan de empleo en el sector que lo dote de más medios personales y asegure el relevo generacional de los empleados públicos que se jubilarán en los próximos años. Y dentro de las competencias de la comunidad, se revisará también la normativa autonómica en materia de personal para lograr «una gestión más rápida y eficaz de los recursos humanos que redunde en un mejor servicio al ciudadano».

El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés de Diego, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el que se persigue la «mejora de la presentación de este servicio fundamental y atajar los problemas que padecemos». «Los objetivos son ambiciosos», ha añadido, al tiempo que ha incidido en otro aspecto del acuerdo como es la «mejora» del servicio de asistencia gratuita y el turno de oficio, cuyo nuevo decreto salió ayer a exposición pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Del mismo modo, la decana del Colegio de Procuradores de Cantabria, Rosaura Diez, se ha «congratulado» con la consecución de este Pacto «que supone un punto de inflexión e inicio para que las cosas cambien».