Cantabria, Galicia y Asturias piden que se simplifique la gestión de las ayudas de la PAC

Así lo han acordado las tres comunidades en una reunión que han mantenido sus consejeros de Ganadería por vía telemática en la que, por parte de Cantabria, han participado el titular de Desarrollo Rural Guillermo Blanco y la directora general de Desarrollo Rural Marisa Pascual. En el encuentro se ha convenido pedir que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes por lo menos hasta el 30 de junio y que el plazo de modificación se extienda hasta el 15 de julio de 2023. Con mayores plazos se evitará que potenciales beneficiarios no puedan presentar correctamente la solicitud por una «previsible saturación» de las entidades colaboradoras, han señalado.

Las autonomías argumentan que la base jurídica de la PAC es totalmente nueva y que se ha publicado más tarde de lo previsto, «lo que imposibilita una planificación eficaz de la campaña 2023 y ha retrasado que los agricultores y ganaderos conozcan con detalle las normas que regulan esta PAC y generando numerosas dudas», especialmente sobre la aplicación de los ecoregímenes, la condicionalidad reforzada y de las ayudas agroambientales.

Por lo tanto, las tres administraciones demandan que, excepcionalmente en esta campaña 2023, se simplifique la gestión de la solicitud de la PAC sin que sea necesaria la captura de información no relevante para efectuar los pagos de las ayudas. En su opinión, además, en el caso de que se detecten incumplimientos en los requisitos de las ayudas directas y los controles de condicionalidad reforzada no supongan penalizaciones adicionales en las parcelas que ya se determinaran como admisibles.

Por último, tanto el Gobierno de Cantabria como los de Galicia y Asturias ven necesario que en la campaña de este año todavía se permita el uso en todos los casos de un cuaderno de explotación en formato papel y se retrase la entrada en vigor del formato digital a partir de 1 de enero de 2024 de forma progresiva para su implantación el 1 de enero de 2025. Estas comunidades creen que el sector, por sus características de edad y formación, «no está totalmente preparado para afrontar este reto» y esta exigencia «puede provocar el abandono significativo de la actividad agraria y de zonas rurales con efectos socioeconómicos negativos».

Las tres autonomías han constatado que, debido al importante calado de las novedades que introduce la PAC, se está notando que agricultores y ganaderos están tomando sus decisiones con «notable lentitud y cautela». También están viendo tiempos de tramitación «más elevados» al enfrentar las solicitudes por parte de las entidades colaboradoras. Esto se atribuye a que la aplicación nacional de captura de datos no estaba totalmente operativa a 1 de marzo de 2023 y aún hay mejoras previstas a incorporar en la aplicación informática.