Cantabria gana la 'guerra territorial' a Vizcaya por el deslinde de Agüera

Rechaza así los recursos planteados por la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento vasco, que impugnaron ese acto y solicitaron su nulidad, aunque su objetivo real no era otro que «reabrir» el debate fronterizo, resuelto judicialmente por el Tribunal Supremo años antes, según resalta la sentencia. De este modo, aunque la resolución de la Audiencia Nacional se puede recurrir, en la práctica constituye el último aldabonazo a las reclamaciones anexionistas vascas sobre Guriezo.

Los hitos que marcan la línea divisoria entre Trucíos (Vizcaya) y Guriezo (Cantabria) -salvo el tramo comprendido entre los mojones de Cueto Monillo y Pico Vetayo, aún pendiente- se colocaron el 24 de octubre de 2013. Ese día una representación cántabra, encabezada por el entonces alcalde de Guriezo Adolfo Izaguirre, vivió con júbilo una jornada histórica. Los cántabros habían ganado a los vizcaínos en el siglo XXI un pleito que databa del XVI. Se cerraba así el círculo y se reconocía la cantabricidad del casco urbano de Agüera y del monte Fuentebosa, con una superficie de unas 800 hectáreas. Pero la comisión vasca, integrada por representantes de la Diputación Foral de Vizcaya, del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Trucíos, la sufrieron como una humillación. «Esta delimitación territorial hurta a Vizcaya 800 hectáreas», clamaron, y se revolvieron contra la marca divisoria que había trazado el Instituto Geográfico.

El organismo público no actuaba caprichosamente, sino en ejecución de una sentencia firme dictada por la Audiencia Nacional en 2005 y confirmada por el Supremo en 2008, que resolvía definitivamente un conflicto secular. Pero los vascos expresaron su disconformidad con el lugar donde se colocaron los hitos y levantaron el acta de disconformidad en la que solicitaron la nulidad del deslinde y de la colocación de hitos realizada. Resucitaron así la 'guerra territorial' en esta zona que se daba por concluida tras la resolución del Supremo.

El Ayuntamiento de Trucíos quiso dirimir la pelea judicial en su propio terreno y que fuera el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco quien resolviera el conflicto. Pero el órgano judicial vasco se declaró incompetente para estudiar el caso y finalmente fue la Audiencia Nacional quien sustanció la contienda fronteriza.

El Ayuntamiento de Trucíos mostró su discrepancia con el informe realizado por el Instituto Geográfico Nacional en 2011, que concretó cada uno de los hitos a los que hacía referencia el acta de deslinde de 1739 a la que remitía la sentencia del Supremo, aunque la Audiencia Nacional subraya que su pretensión era «volver a reabrir un debate resuelto judicialmente».

El tribunal lo rechaza frontalmente y se niega volver a discutir un informe avalado por el Supremo. Tampoco cree que se haya vulnerado procedimiento alguno, ni observa errores en la colocación material de los hitos, por lo que rechaza la demanda y condena a la administración vasca al pago de las costas judiciales.

La guerra entre los ayuntamientos de Guriezo y Trucíos viene de antiguo. Tanto que hay que retrotraerse a 1552 para encontrar las primeras peleas por los deslindes en Agüera. En 2001, el Instituto Geográfico determinó la propiedad cántabra del casco urbano de Agüera, mientras el monte de Fuentebosa quedaba dentro del País Vasco. Cantabria presentó alegaciones y el Ministerio de Administraciones Públicas ratificó esa decisión en 2003. Pero ni el Gobierno regional ni el Ayuntamiento de Guriezo se aquietaron y recurrieron a la Audiencia Nacional.

Las dos administraciones cántabras sostenían que, a efectos de deslinde entre Trucíos y Guriezo, había que atenerse al realizado en 1739 en la época de Felipe V, consentido por Trucíos, que incluía los terrenos en litigio bajo suelo cántabro. Por contra, las administraciones vascas y el Estado no admitían ningún valor jurídico a ese deslinde y consideraban de aplicación el efectuado en julio de 1852, en época de Isabel II, que excluía al casco urbano de la pedanía de Agüera y uno de sus montes de Cantabria. Este deslinde, que se funda a su vez en otro realizado en 1552, no fue consentido por la parte cántabra (en aquella época el Ayuntamiento de Sámano y la provincia de Santander).

La Audiencia Nacional dio la razón a los cántabros y determinó que el deslinde que debe acogerse, por ser ajustado a Derecho, es el realizado en 1739. La Audiencia dijo que para resolver este tipo de conflictos hay que basarse en los deslindes realizados con anterioridad, practicados de conformidad con los municipios interesados. Así, el acuerdo mutuo mostrado hace siglos entre los municipios afectados sobre las líneas territoriales que los separan fue el punto decisivo que determinó los fallos judiciales de la Audiencia Nacional primero y después del Tribunal Supremo, que ratificó todo lo dicho en el año 2008.

Pero al margen de la refriega judicial, la disputa territorial tuvo su reflejo en la calle. Se llamó la «guerra de los carteles» y ocurrió en 1996, cuando el hoy presidente Miguel Ángel Revilla, a la sazón diputado regional, colocó en Agüera junto al alcalde Adolfo Izaguirre un cartel en el límite con el País Vasco. La Diputación Foral de Vizcaya envió a la Ertzaintza para retirarlo, y al día siguiente apareció derribado. El incidente dio lugar a un proceso judicial, en el que Revilla e Izaguirre fueron absueltos.