Cantabria garantiza por ley que las subidas salariales en Dependencia repercutan en los conciertos

Ana Belén Álvarez ha incidido en que reconocer salarialmente el trabajo que realizan los trabajadores del sector es «indispensable» para «retener el talento y dotar de estabilidad a las relaciones laborales», lo que redundará «en una atención cada vez de mayor calidad y centrada en las personas», según ha subrayado.

Esta modificación ha sido impulsada por la Consejería y acordada con el sector y los agentes sociales y respalda por todos los grupos parlamentarios.

El objetivo de la modificación legislativa es garantizar por Ley que la subida salarial acordada en negociación colectiva sectorial tenga que repercutirse en el precio de las plazas concertadas, en la 'tarifa' que abona la Administración pública –en el caso concreto de Cantabria, el ICASS- a la empresa prestadora del servicio, de forma que los precios públicos de concertación no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia y la discapacidad.

La consejera ha señalado que la aprobación de la modificación de la ley en el Parlamento, «no es un punto y final», sino «un paso importante, muy importante, que tenemos que hacer efectivo».

Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes por unanimidad una moción que exige al Gobierno de Cantabria dar una solución a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo antes de que termine la presente legislatura.

En concreto, la iniciativa, impulsada por el Grupo Popular, insta al Ejecutivo regional a cumplir y hacer efectiva la declaración institucional aprobada por la Cámara en mayo de 2017 en la que se pedía solventar el problema en esa legislatura, y otra iniciativa a la que se dio luz verde en marzo de 2019 para extender la validez de la anterior, al no haberse cumplido.

Al hilo, los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos (Cs) y Vox- han lamentado que «dos décadas» después de que surgió el problema la Administración aún no ha dado una respuesta a los afectados, mientras que los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, PRC y PSOE, han reconocido que la solución está siendo «más lenta de lo que todos desearíamos», pero han asegurado que se sigue «trabajando sin parar» en ello porque «lamentablemente las soluciones son complejas y las tramitaciones llevan muchísimo tiempo».

Lo que no ha salido adelante en el Pleno ha sido una moción de Vox que pretendía que el Gobierno informe sobre el seguimiento de la Estrategia Industrial para Cantabria 2030, aprobada en 2018, una cuestión por la que ya su portavoz parlamentario, Cristóbal Palacio, interpeló la semana pasada al consejero del área, el regionalista Javier López Marcano.

Al no estar satisfecho con las explicaciones de éste, que aseguró que se estaba ejecutando dicha Estrategia a través de las políticas en materia industrial de la Consejería, Vox ha presentado una iniciativa en la que, entre otras cuestiones, se instaba al Gobierno a comparecer cada seis meses en comisión parlamentaria para informar sobre el seguimiento de la Estrategia Industrial, su grado de ejecución y logros.

También le pedía remitir al Parlamento informes completos de seguimiento y evaluación de la Estrategia desde su aprobación en 2018 y difundir en la web de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo, Transporte y Comercio y en el Portal de Transparencia de Cantabria los resúmenes de estos informes.

Por otra parte, reclamaba que, en el plazo de tres meses, la Estrategia se adaptara a la «nueva realidad económica» que afecta a Cantabria, con cuestiones como el impacto de los fondos europeos, la subida de la tarifa eléctrica o la situación de las infraestructuras de transporte en la comunidad.

Dicha moción ha sido apoyada por los otros dos grupos de la oposición (PP y Cs) pero no por PRC y PSOE, que suman mayoría absoluta, por lo que no ha sido aprobada.