El Gobierno reconoce que Cantabria necesita 800 plazas más de dependencia en residencias

La consejera ha apuntado que no hay lista de espera para recibir prestaciones económicas o los servicios de teleasistencia y centro de día, pero que sí la hay para las plazas de residencia. Y es que, aunque Cantabria tiene la mayor tasa de plazas residenciales por cada 1.000 habitantes del territorio nacional, «la demanda supera con creces» las disponibles, que ascienden a 4.180. Estas plazas son para personas mayores, a las que hay que sumar 929 para personas con discapacidad.

Acompañada de la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), María Antonia Mora, y del director general de Políticas Sociales, Julio Soto, Álvarez ha explicado que en este momento en Cantabria hay proyectadas varias residencias y que muchos ayuntamientos quieren una en sus municipios. Desde el Ejecutivo, piden que se espera a la elaboración de un nuevo estudio de necesidades de atención, que estará listo para primavera, y con el que se podrá planificar de forma «coherente» el desarrollo de la red.

Al cierre del pasado año, había en la región 26.429 expedientes abiertos, de los que 21.354 han sido valorados como personas en situación de dependencia en sus diferentes grados (un 3,7% de la población de la región), 4.339 como no dependientes y 736 que están aún pendientes de esa valoración.

De las personas acreditadas como dependientes, 13.618 son mujeres (64%) y 7.736 son hombres (36%), por lo que el perfil de dependiente en Cantabria sería el de una mujer de unos 79 años con dependencia severa (grado II), según el diagnóstico de la situación de dependencia en la comunidad autónoma elaborado por la citada consejería.

El sistema en Cantabria lo está financiando casi en su totalidad el Gobierno regional pese a que cuando se puso en marcha la Ley de Dependencia se marcó una aportación del 50% por parte del Estado, cifra que está «muy lejos» de la realidad, como evidencian los datos de 2018, cuando el gasto fue de 137 millones, de los que la Administración estatal solo aportó 17,6, lo que representa un 13%.

En este sentido, la consejera ha esperado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2020 que presentará el nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos «salgan adelante» ya que, si se utiliza el borrador de los elaborados para 2019 y que no se aprobaron en el Congreso, se preveía incrementar la aportación al sistema hasta el 50%.

En cuanto a las valoraciones y los grados de dependencia, al cierre de 2019, el ICASS ha acreditado como dependientes a 21.354 cántabros, de los que 16.609 (un 77,8%) reciben la prestación de algún servicio de atención y 3.412 (un 16%) han renunciado a los servicios autonómicos, pero pueden estar recibiendo alguno por parte de los ayuntamientos, como puede ser la teleasistencia.

Hay otras 586 personas, un 2,7%, cuyos expedientes están resueltos y se les ha ofrecido un servicio pero están en lista de espera por preferir otro. En su mayoría son personas a las que se les ha ofrecido una plaza residencial pero no la cogen porque quieren esperar a conseguir una residencia concreta.

Por otro lado, hay 83 personas (un 0,4%) cuyos expedientes están resueltos y estaban recibiendo algún servicios de atención pero este se encuentra en suspensión cautelar por diferentes circunstancias (puede ser un ingreso hospitalario o un traslado).

En este momentos, el tiempo medio de valoración de la situación de dependencia, desde que se presenta la solicitud, es de 81 días (casi tres meses) y de 210 hasta que se asigna un servicio o prestación, unos tiempos que la Consejería quiere reducir, al tiempo que se aumenta la red pública de servicios.

A pesar de ello, la directora del Icass ha asegurado que los casos de «emergencia social» siempre están atendidos y, como no podría ser de otra manera, se les da «prioridad» y se resuelven en «plazo muy cortos», algunos en «cuestión de días».