Cantabria hurga en sus heridas

«Hay dos apartados de esa ley que creemos que se deben preservar», coinciden Íñigo Fernández (PP) y Leticia Díaz (Vox), diputados regionales y portavoces defensores de su abrogación. «Uno, el derecho que tiene cualquier ciudadano, sea quien sea, a que se identifiquen y se recuperen los restos de un familiar. Y el otro, la protección del patrimonio documental y bibliográfico relacionado con esta época». Lo demás, «sobra». Sobra, dicen, «porque la ley omite a las víctimas de uno de los dos bandos». Al franquista.

Si bien los padres de la cria-tura (PRC y PSOE) niegan esto, lo cierto es que en la normativa cuesta encontrar referencias expresas hechas a las víctimas causadas por el bando republicano, algo que Fernández y Díaz prueban con dos ejemplos extraídos de la propia norma.

En el preámbulo, por ejemplo, la polémica ley mantiene que «la provincia de Santander se convirtió en territorio de reclusión en campos de concentración y prisiones olvidadas...» y se remite, entre otras instalaciones, a «La Magdalena, la plaza de toros, el Seminario Monte Corbán, los Campos de Sport de El Sardinero, el Hipódromo de Bellavista, la Prisión Provincial de Santander, la de la Tabacalera, la de Alcázar, la del grupo de Escuelas Públicas Ramón Pelayo, la del colegio Salesianos»... Todas ellas fueron acondicionadas para acoger prisioneros del bando republicano. «Pero no se menciona el barco-prisión Alfonso Pérez, no se menciona el Palacio de Chiloeches...» se revuelven Fernández y Díaz, que recuerdan que ambos enclaves también acogieron presos, franquistas en su caso.

De otro lado, en el artículo 4, donde se define la consideración de 'víctima' de la Guerra Civil, la ley distingue hasta once perfiles. Tres apuntan directamente a las provocadas por el franquismo. «Las personas que hubieron de exiliarse por causa del golpe militar y de la dictadura franquista»; «las personas que murieron o sufrieron privación de libertad por su apoyo a la guerrilla antifranquista»; y «las personas que fueron represaliadas por su defensa del régimen constitucional de la Segunda República o su resistencia al régimen franquista». Los ocho restantes, sin embargo, son tan ambiguos que pudieran aplicarse indistintamente a cualquiera de los dos contendientes («las personas que sufrieron represión por pertenecer a un grupo social o colectivo profesional», por poner un ejemplo).

Por este motivo, «por sectaria», el nuevo Gobierno autonómico inició el pasado lunes los trámites parlamentarios necesarios para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, una decisión que, lógicamente, acarrea consecuencias.

La primera de ellas, en el ámbito educativo.

Así, la derogación de la norma aborta la creación de la llamada Comisión de la Memoria, un órgano que aún no se había constituido formalmente y que iban a integrar cinco personas elegidas por el Gobierno anterior y cuyo cometido era, entre otros, «servir como instrumento para conocer los hechos que permanecen ocultos». Que visto con los ojos de Fernández y de Díaz era «elaborar su propio relato de la Guerra Civil y hacerlo de obligada aceptación».

Esto anterior no tendría nada en particular si no fuera porque «ese relato iba a ser trasladado a las aulas», que es, en esencia, la interpretación que PP y Vox hacen del artículo 42 de la norma: «La Consejería de Educación reforzará la inclusión de contenidos relacionados con la memoria histórica y democrática en el currículo de las diferentes etapas y enseñanzas» y, asimismo, «se impulsará, con la colaboración de la Universidad de Cantabria, la incorporación de la memoria histórica y democrática en los estudios universitarios de grado y máster».

Derogada esa ley, «los alumnos aprenderán de la Guerra Civil y los años posteriores lo que les enseñen sus profesores conforme a criterios académicos», explica el popular.

Además, la abolición de la ley significará la supresión de las ayudas –40.000 euros este año– que distintas asociaciones estaban recibiendo o iban a recibir para financiar proyectos relacionados con la memoria histórica. «Asociaciones con un sesgo ideológico de izquierdas muy pronunciado todas ellas», matiza Díaz, que hace alusión al artículo 37: «El Gobierno de Cantabria colaborará con entidades memorialistas incluso con ayudas económicas» en la elaboración de proyectos que, dice Íñigo Fernández, «solo son financiables si ensalzan el papel de los republicanos, porque si usted escribe un libro sobre los muertos habidos en el barco-prisión Alfonso Pérez, ese no se lo financian».