Cantabria implantará el modelo Barnahus de protección al menor

Las 'casas de los niños' –traducción de la palabra islandesa Barnahus– tienen como objetivo garantizar que todos los menores víctimas de violencia, incluida la explotación y el abuso sexual infantil, se beneficien de un acceso a la justicia amigable y de unos servicios de protección de la infancia reforzados. Es decir, intentan que el paso de los niños por un proceso policial o judicial tenga el menor impacto en ellos.

Por ejemplo, una función clave de las Barnahus consiste en ayudar a presentar evidencias válidas para los procedimientos judiciales al obtener el testimonio de los menores. Estos centros ofrecen un servicio general que abarca la cooperación entre las autoridades y las instituciones pertinentes, como la policía, los servicios sociales y protección de la infancia, los servicios de salud física y mental y el fiscal en un espacio amigable para los menores.

Este modelo, que desde Bruselas se está intentando implantar en todo Europa y que Podemos reclamó hace un año utilizar en todo el país, empezó a aplicarse en Estados Unidos en la década de los 80, pero tuvo su desarrollo completo en el norte de Europa cuando en 1998 aparecen en Islandia, con una primera casa que incluyó la entrevista forense grabada ante un representante del ámbito judicial para garantizar que la prueba obtenida era válida para el juicio y que el menor no debía volver a declarar en otro sitio.

Obras a concurso

El Gobierno de Cantabria pretende que el antiguo CAIF de General Dávila se convierta en ese 'espacio amigable' en el que los menores inmersos en un proceso judicial lo afronten de la mejor manera posible. Según el calendario de la Consejería de Inclusión Social, está previsto que la Barnahus de Santander empiece a funcionar a finales de esta legislatura, en torno a 2027. De momento, ya han sacado a concurso las obras para reformar los edificios construidos en 1968 para albergar una residencia escolar femenina.

Además de este contrato, el Gobierno también ha licitado otro para elaborar, diseñar e implementar protocolos de actuación frente a la violencia contra la infancia y la adolescencia. Ambos contratos están financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU).

En la actualidad, la Consejería de Inclusión Social no dispone de cifras de menores que han sufrido violencia sexual en Cantabria, y tampoco de ningún estudio de prevalencia en la región ni estadísticas oficiales que permitan tener una panorámica precisa de las dimensiones globales y la evolución del problema.