Cantabria da un paso atrás e impondrá más restricciones para evitar rebrotes

Será esta misma semana y el contenido de la modificación aún no está totalmente cerrado, pero Salud Pública quiere reducir de 25 a 15 el número máximo de personas que se pueden reunir en un grupo, a la vista de que más de la mitad de los nuevos contagios en todo el país se producen en encuentros en hogares. De haber estado en marcha esta medida desde comienzos de mes no se podría haber celebrado, por ejemplo, un cumpleaños como el que tuvo lugar en Soto (Campoo de Suso), donde una veintena de jóvenes se juntaron con el resultado hasta el momento de nueve contagiados. Además, la intención de la Consejería es limitar los horarios de locales de ocio y poner en marcha un sistema de registro de los datos personales de los clientes en aquellos establecimientos en los que haya un contacto estrecho entre la persona que recibe y la que presta el servicio, como las peluquerías.

Esta revisión del decreto del pasado 18 de junio, con el que se levantó el estado de alarma en la región, supone un paso atrás en la famosa desescalada y es fruto, según el Ejecutivo, de la experiencia acumulada en este tiempo. «A base de aprender de la experiencia, queremos revisar estas tres cuestiones para tratar de evitar el número de contagios en eventos sociales», apuntó Zuloaga, en referencia al principal origen de los problemas una vez que la situación en las residencias de mayores –el punto más conflictivo en la anterior oleada de covid-19– ya está controlada.

¿Cuál es la razón de ser de todo esto? Principalmente, facilitar el trabajo de los rastreadores. Como insiste la Organización Mundial de la Salud, su acierto y buen hacer es básico en la contención del coronavirus. El vicepresidente concretó que cuando se detectan positivos en un grupo de 25 los rastreadores del covid tienen que seguir a los 200 'primeros contactos' de los infectados, cifra que «multiplica» el número de 'segundos contactos', de ahí la necesidad de controlar estas situaciones y de que se plantee, por tanto, la reducción del máximo de integrantes de un grupo.

También se controlará el horario de los locales de ocio nocturno, tanto los de apertura como los de cierre. Para Tomás Sánchez, responsable de esta área en la Asociación de Hostelería de Cantabria, se trata de un «error capital». «¿Dónde va a ir la gente. Si les cierran los locales en los que están controlados, se van a amontonar en la calle. Eso sí que es conflictivo y puede ser un gran foco de contagios», apunta Sánchez, que insiste en que la mayoría de pubs y discotecas de la región cumplen escrupulosamente las exigencias de Sanidad y subraya que la prueba es que, hasta ahora, no ha habido ningún caso en este tipo de establecimientos.

El portavoz de la Asociación de Hostelería creen que iniciativas como la que anunció ayer el Gobierno se deben al «desconocimiento» que tienen los gestores, a los que invita a pasar una noche con él para ver lo que ocurre realmente en las calles de los municipios turísticos. E insisten en la necesidad de combatir otras prácticas como los botellones y las fiestas privadas, así como a la «minoría de locales» que no cumplen. Sólo el pasado fin de semana, la Policía Local puso once sanciones a los dueños de locales nocturnos por excesos de aforo en Santander.

A ello suma el impacto económico y laboral que tendría la medida en el sector. Hasta hoy permanecen cerrados desde el inicio de la pandemia el 20% de los locales de ocio nocturno, cuyos responsables ven inviable su continuidad en las actuales condiciones. Según Sánchez, limitar el horario supondría que la mayoría de los que han vuelto a la actividad se lo repiensen por las dificultades para hacer rentable el negocio. «Cosas como estas pueden acabar con el ocio nocturno, que es también una pata fundamental del sector de la hostelería y el turismo», concluye.

Cantabria no es la primera autonomía que preparada medidas en este ámbito. Murcia, por ejemplo, ya tiene clausurado desde este lunes todo el ocio nocturno en el interior de los locales y Cataluña avanza en ese camino, mientras que Galicia lo descarta. Además, los rebrotes en territorios como Aragón o Navarra están obligando a sus respectivos gobiernos a volver a las restricciones de la fase dos, que quedaron atrás la pasada primavera.

La tercera modificación consiste en registrar los datos de clientes que accedan a esos establecimientos donde existe un «contacto estrecho» entre usuarios del servicio y quienes lo prestan. La idea es que si un cliente da positivo, en cuestión de segundos se pueda saber quién le atendió y también la lista de clientes que desde ese día estuvieron en manos de ese mismo profesional. Todo para allanar el camino en el proceso de rastreo y seguimiento de los contactos. Zuloaga sólo habló de las peluquerías, pero es probable que afecte a otros tipos de establecimientos.

«Si nos mandan hacerlo lo haremos. Está claro que es por nuestro bien y por el de los clientes, aunque todas estas cosas nos quitan mucho tiempo de trabajo», apunta Inma Mata, portavoz del gremio en la región, que recuerda que muchos negocios como el suyo ya han implantado otras medidas que suponen un esfuerzo añadido como la toma de temperatura a la entrada. Lo que critica es que el Gobierno se vuelva a fijar en las peluquerías y no en otros comercios o establecimientos donde el trato también es estrecho: «¿Por qué sólo nosotros? ¿Por qué sí las peluquerías y no una tienda o un bar?».

Contacto estrecho es también el que hay entre los profesionales sanitarios privados y sus pacientes, o en las clínicas de fisioterapia. Aquí, en principio y a la espera del contenido del decreto, las empresas no tendrán que implantar medidas adicionales porque ya en estos momentos, por las características del servicio, existe un registro detallado de todo aquel que cruza la puerta para ser atendido. Lo que ocurre es que, como explica Alberto Pérez, de la clínica de fisioterapia Losada y Asociados de Revilla de Camargo, esa información está amparada por la Ley de Protección de Datos y se ha entregado con un consentimiento informado para otro fin, por lo que trasladarla a Salud Pública podría ir contra la normativa actual.